Tropas japonesas enviadas a Irak

El Gobierno de coalición japonés acordó ayer autorizar el envío a la ciudad iraquí de Samawa del principal grupo de soldados de Tierra asignados a la reconstrucción del país árabe, pese a la inseguridad reinante en Irak.
Takenori Kanzaki, líder del gobernante partido Komeito, indicó en una rueda de prensa que el primer ministro, Junichiro Koizumi, está convencido de que existen las condiciones para poder enviar a ese país a las tropas niponas para tareas humanitarias y de rehabilitación tras la guerra.
"Yo respeto su decisión", afirmó Kanzaki, líder del partido de cariz religioso y budista que con 57 parlamentarios forma la coalición de Gobierno con el mayoritario Liberal Demócrata (PLD) de Koizumi, que controla la Cámara de Diputados.
La decisión unánime de los dos partidos en el Gobierno se produjo un día después del ataque registrado en Ramadí, en el triángulo Suní y al oeste de Bagdad, contra un camión que transportaba una casa prefabricada para los militares japoneses destinados en Irak, acción en la que murió el conductor jordano del vehículo.
Como parte de la misma misión en Irak, ayer salieron de la base de Komaki, en Nagoya, tres aviones militares C-130 rumbo a Kuwait, desde donde transportarán aprovisionamientos, medicinas y material variado para las fuerzas aliadas internacionales desplegadas en Irak.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro, Tony Blair, no pueden justificar la guerra de Irak como una intervención humanitaria, concluye el informe anual de Human Rights Watch divulgado ayer en Londres.
La organización pro derechos humanos estadounidense subraya en el documento que "la invasión de Irak acabó con el reinado de un gobierno brutal", pero Bush y Blair "se equivocan al caracterizarla como una intervención humanitaria".
El llamado "Informe Mundial 2004: Los derechos y los conflictos armados", que otros años se divulgó en Washington, fue presentado por primera vez en el Royal Institute of International Affairs de Londres por el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth.