Túnez ha vivido cambios radicales e impensables desde que hace un mes la revuelta social obligara al presidente Ben Alí a huir del país y desencadenase una ola de cambios históricos en el mundo árabe de consecuencias todavía desconocidas para los pueblos de la región.
El proceso hacia la democracia emprendido en el país, por primera vez desde su independencia e inédito en la zona, se enfrenta desde entonces, a serias dificultades y amenazas tanto internas como externas.
El primer y fundamental cambio en el país ha sido el de la libertad de expresión y reunión, la facultad de defender sin miedo las ideas políticas en los cafés, en la calle y en los medios de comunicación.
Tras décadas de feroz control sobre los ciudadanos, los tunecinos se han habituado ya a expresar sus opiniones libremente y, sobre todo, a exigir del Gobierno y las administraciones públicas todo lo que durante años debían aceptar sin decir una palabra a riesgo de acabar en la cárcel.
Y este es también uno de los principales problemas a los que se enfrenta el proceso de transición.
Los habitantes del país, y especialmente los de las regiones más pobres y abandonadas del interior, que protagonizaron en primera línea la revuelta, no parecen dispuestos ahora a aceptar reformas a medias o cambios sin la profundidad necesaria para resolver sus graves problemas socio-económicos y laborales.
Desde la caída de Ben Alí se han multiplicado las huelgas y conflictos laborales, sobre todo, en la administración pública, unidas a las demandas de mayores cambios políticos.
Los desheredados de regiones como Sidi Buzid o Kaserín, donde se iniciaron las protestas, lograron, acampando durante días ante el Palacio de Gobierno junto a otros miles de tunecinos, la salida del Ejecutivo de transición de los dirigentes de la vieja guardia de Ben Alí.
