El abogado Richard Baron, letrado de los dos ex trabajadores del cantante español Alejandro Sanz acusados de extorsión, renunció hoy al caso y la dimisión representó una victoria para la Fiscalía Estatal de Miami (EE.UU.).
Baron se había unido a la defensa de Carlos González y su esposa Sylvia Helena Alzate en agosto pasado, pero los fiscales alegaron que su amistad con la jueza Rosa Rodríguez, encargada del caso, generaba un conflicto de intereses.
"Hubo una acusación en el tribunal de que la jueza no puede ser justa porque es amiga mía y pensé que era importante hacerle frente a esa situación antes de que se convirtiese en un problema", declaró a periodistas el abogado al finalizar una vista judicial.
Los fiscales recusaron a la jueza porque, en su opinión, no podría emitir un pronunciamiento imparcial por esa amistad, pero sufrieron un revés y recurrieron la decisión ante el Tercer Tribunal de Apelaciones de Miami.
"Decidí separarme del caso porque el señor González y la señora Alzate necesitan el mejor juez que se pueda conseguir para que presida este juicio y una de las jueces más justa disponible es la magistrada Rodríguez", aseguró Baron.
Explicó que tanto los fiscales como el abogado de Sanz en Miami, George Volsky, sabían desde agosto que él era amigo de la jueza, pero no plantearon la recusación de Rodríguez en el plazo previsto por la ley.
Un paso que se dio, según Baron, después de que "recibieron dictámenes muy adversos" como la orden de que el artista español tenía que presentarse en la Fiscalía Estatal a declarar como presunta víctima.
Sanz testificó, a solicitud de la defensa, la semana pasada durante cinco horas, pero su declaración por orden de Rodríguez quedó sellada.
Michael Von Zamfit, fiscal estatal, sugirió hoy a los acusados tener abogados de oficios, pese a que la pareja mantiene a Lonnie Richardson, su defensor desde que se inició el caso en diciembre pasado.
Cuando Baron anunció su retiro del caso, la jueza fue enfática en advertir a los acusados que tener un solo abogado podría en el futuro generar también un conflicto de intereses.
Pero González y Alzate, mediante una traductora, aseguraron que querían que Richardson continuara representándolos a ambos.
"Entendemos todo, nosotros estuvimos de acuerdo desde un principio en tener un abogado", dijo González a la jueza.
La pareja afronta un cargo de extorsión por presuntamente exigir 500.000 dólares a Sanz para no divulgar asuntos personales del artista.
El matrimonio, que trabajó en la residencia del artista madrileño en Miami Beach, ha negado las acusaciones.
En la audiencia de hoy, Von Zamfit presentó otra moción en la que dijo que una tercera persona estaba pagando los honorarios de Lonnie Richardson, un aspecto que también podría constituir un potencial conflicto de intereses.
Alegó que el abogado podría estar más interesado en complacer a esa tercera persona, que no identificó, que concentrarse en las necesidades de sus defendidos.
Por su parte, la defensa solicitó interrogar a dos testigos: Michelle Claverol, asistente de Sanz, y a Jesús Gutiérrez, quien trabajó en la casa del cantante.
González, al culminar la audiencia, se mostró disgustado con lo que calificó las "trabas de la Fiscalía" en cuanto a que declaren los testigos porque presuntamente están fuera del país.
"Queremos que se presenten los testigos a declarar y digan la verdad. La verdad es que nunca ha sucedido nada de lo que ellos dicen que pasó", puntualizó el acusado.
Otra persona que la defensa quiere que declare es Juan Ramón Ramírez, directivo de una empresa de Sanz en Miami que hizo la denuncia del supuesto chantaje en diciembre pasado.
