Al menos 350 personas en cuatro regiones bolivianas secundaban hoy la huelga de hambre contra el presidente Evo Morales por los atropellos que, según la oposición, ha cometido en la Asamblea Constituyente y el Congreso, informaron varias fuentes.
En la región de Santa Cruz, la más rica del país y feudo de la oposición, ya son 250 las personas que están en huelga, confirmaron a Efe fuentes del comité cívico departamental.
A la medida, que se inició el lunes en la plaza principal de la capital cruceña, se unieron hoy varios habitantes de las localidades de Montero y Cotoca.
Mientras, en la ciudad sureña de Tarija hay 65 huelguistas en dos piquetes instalados en la central obrera y el comité cívico, explicó a Efe un portavoz de esta última entidad.
En la ciudad amazónica de Trinidad, capital del departamento de Beni, son 16 los huelguistas y diez más, todos ellos indígenas, se sumarán a la medida en las próximas horas, dijo a Efe el dirigente regional Marcial Fabricano.
En la vecina ciudad de Cobija, en el distrito de Pando, están en huelga de hambre 17 personas, entre las que figuran cívicos, universitarios y representantes de las juntas vecinales.
Fuentes de la prefectura (gobernación) departamental pandina adelantaron a Efe que mañana se abrirá un nuevo piquete de ayuno en la sede de la Federación de Prensa.
Los huelguistas protestan por la forma en que el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en primera instancia el proyecto de constitución de Morales el 24 de noviembre, en un colegio militar de Sucre, sin la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y unos 300 heridos.
Además, hace apenas una semana, parlamentarios pro gubernamentales reformaron la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente para que pueda trasladar sus sesiones de Sucre a cualquier otra ciudad y aprobaron otra norma para pagar un bono de vejez con parte de los presupuestos regionales.
Esa sesión se llevó a cabo mientras grupos de campesinos e indígenas afines a Morales impedían que los opositores entraran al Congreso.
Desde el lunes, los prefectos (gobernadores) de las regiones de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Tarija, todos opositores a Morales, están en EE.UU. para denunciar ante la OEA y la ONU la actuación "ilegal" de Morales y su partido.
Los gobernadores le solicitaron el martes en Washington al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, que envíe una misión a Bolivia para verificar in situ los "atropellos" que se están cometiendo contra la democracia.
También está en Washington una delegación del Gobierno boliviano con el objetivo de denunciar ante la OEA que la oposición conservadora pretende "desgastar" a Morales y generar condiciones para una "crisis política" en el país.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, que forma parte de esa delegación boliviana, señaló que el Ejecutivo de Morales no ha solicitado la mediación de la OEA porque el presidente "ya ha hecho varios llamados al diálogo".
Hoy se conoció también que el oficialista MAS analiza trasladar la sede de la Constituyente a la zona central del Chapare, feudo de los productores de coca fieles a Morales, para completar la aprobación de la nueva carta magna antes del 14 de diciembre.
Por su parte, el jefe de los asambleístas de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, llamó hoy a todos los partidos opositores a hacer las gestiones necesarias ante el Congreso para prorrogar las sesiones de la Constituyente por seis meses más.
