Uruguay señaló hoy que Argentina es responsable de la suspensión de los controles medioambientales conjuntos en el río Uruguay por haberse retirado de los programas de monitoreo, según un comunicado del Gobierno uruguayo.
En el comunicado, emitida en respuesta a "diversos artículos y comentarios" de la prensa sobre la situación del río Uruguay, que marca la frontera entre ambos países, la cancillería uruguaya culpa al Gobierno argentino de "no prestar conformidad" para proseguir con las campañas de control que se realizaban desde 1989.
Según el Gobierno uruguayo, en enero de 2006 Buenos Aires se abstuvo de seguir con la vigilancia del río "argumentando la existencia de una controversia iniciada por la República Argentina ante la Corte Internacional de Justicia contra Uruguay sobre la aplicación e interpretación del estatuto del río Uruguay".
Así, "por la vía de los hechos", Argentina impidió "que se pudiera continuar con el normal desarrollo del control conjunto del río Uruguay".
"El argumento esgrimido por Argentina (...) es insostenible, ya que resulta evidente que la existencia de una controversia pendiente ante la Corte Internacional no desvincula a las partes de dar cumplimiento a la obligación de protección y conservación del medio acuático y la protección integral del río", reza el comunicado.
Además, la cancillería apuntó que desde entonces ha intentado en "numerosas y muy diversas instancias" que Argentina retome los controles del río, ante lo cual el país vecino se limitó a repetir su argumentación y a considerar disueltos algunos de los programas de control conjuntos.
En una carta publicada en un medio local, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño, indicó que el monitoreo del río no se había realizado por la diferencia entre los dos países sobre la instalación de una planta de celulosa.
Además, acusó a Uruguay de incumplir las obligaciones del Estatuto del Río Uruguay por autorizar la instalación de la planta unilateralmente.
La cancillería uruguaya indicó en este sentido que su país "ha dado cumplimiento en todo momento" con sus responsabilidades respecto al río y afirmó que Argentina fue "repetidamente consultada sobre los planes de construir la planta de celulosa".
La construcción de dos fábricas de celulosa en Uruguay derivó en el peor conflicto con Argentina de los últimos años, después de que las posturas radicales de ambas partes no permitieran superar las diferencias, que comenzaron en el año 2003.
El conflicto se agudizó cuando la empresa finlandesa Botnia comenzó la construcción de su fábrica de pasta de celulosa en la ribera uruguaya del río e inició las operaciones en la planta a finales de 2007.
En respuesta, ambientalistas argentinos comenzaron en 2006 un corte del paso fronterizo que une ambos países en la ciudad de Gualeguaychú, aduciendo que la planta contaminaría el río, al tiempo que acusaron a Uruguay de no haber dado a conocer sus planes para autorizar la planta con antelación.
Por parte uruguaya se critica la laxitud del Gobierno argentino ante los cortes de ruta, que se mantienen de forma ininterrumpida desde entonces, en lo que se ha convertido en el peor conflicto bilateral entre ambos países en los últimos años.
