"En Florida hay campos de entrenamiento de mercenarios para una eventual invasión"", dijo Rangel durante un discurso en el Congreso.
Reiteró la alegación sobre un plan que se estaría fraguando desde los EU para asesinar al presidente Hugo Chávez.
"Frente a esta denuncia ¿cómo se reacciona? primero con la burla, luego pasan al recurso que se trata de un estratagema para despertar el espíritu nacionalista de los venezolanos.
"Las AUC reafirman su posición de rechazo absoluto a todo proyecto de ley que sustituya la negociación política de paz por un proceso de sometimiento a la justicia", advirtió el grupo en una nota de seis puntos divulgada en la población de Santa Fe de Ralito.
Los paramilitares emitieron el pronunciamiento en respuesta a la advertencia que les hizo el gobierno de que si rompen el plan de paz tendrían cinco días para salir de la zona del norte de Colombia, cuyo epicentro es Santa Fe de Ralito, sede del diálogo y donde están concentrados los máximos jefes de las AUC.
"Reconocemos al gobierno nacional el respeto al acuerdo en el que quedó estipulado la fijación de un plazo de cinco días como término previo para desalojar la zona de ubicación con las debidas garantías en el evento de presentarse la ruptura del proceso de negociación", subrayó el texto.
Añadieron que "el reclamo de este derecho no significa chantajes, presiones o amenazas contra el gobierno, el Congreso o los medios de comunicación, tal como de manera equivocada lo expresó el alto comisionado de paz", Luis Carlos Restrepo.
“Reafirmamos ante todos los colombianos nuestra firme voluntad de contribuir con el propósito de paz como corresponde al interés nacional", destacó la nota, firmada por el comandante general, Ramón Isaza, el jefe del Estado Mayor Negociador, Julián Bolívar, y el director político de las AUC, Ernesto Báez.
Ayer, Restrepo señaló que el gobierno apuesta por la continuidad del proceso que busca completar antes de fin de año la desmovilización de los 20,000 combatientes
No obstante, el comisionado reiteró la respuesta oficial en el sentido de que no negociará la ley que sustenta el desarme y castiga los delitos de lesa humanidad.
Los paramilitares, acusados de contar con el apoyo de algunos efectivos de las fuerzas armadas, surgieron en la década de los 80 como ejércitos privados.
Estos grupos son financiados por ganaderos, hacendados y comerciantes para defenderse de las agresiones de la guerrilla izquierdista.
En enero último, 4,820 combatientes paramilitares entregaron las armas.
