Preocupación
- Estados Unidos tiene un difícil papel ante la salida de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), porque sin haberla ratificado, Washington la ha elogiado y pidió a Caracas que reconsidere su decisión.
- El Departamento de Estado no ha hecho todavía ningún comentario sobre una medida de Venezuela que en su día calificó de "muy desafortunada", ya que ese país quedará liberado de la jurisdicción de la CorteIDH, aunque no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).”Será difícil para Estados Unidos adoptar una posición muy dura" sobre la salida de Venezuela, dado que "no tiene la legitimidad" para hacerlo, comentó Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano. La CADH fue suscrita en San José (Costa Rica) en 1969 y el Gobierno estadounidense la firmó el 1 de junio de 1977, pero no la ha ratificado ni ha aceptado la competencia en lo contencioso de la CorteIDH.
A partir de la fecha los venezolanos verán reducidas sus opciones de reclamar los derechos en instancias internacionales por el abandono del país de los órganos de justicia del Sistema Interamericano, una decisión que llega “en buena hora” para unos y es “muy grave” para otros.
Venezuela denunció el 10 de septiembre de 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que da base jurídica a la Comisión Interamericana (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), mecanismos a los que el entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013), acusó de estar manipulados por Estados Unidos.
La denuncia fue el paso previo necesario para abandonar la CIDH, con sede en Washington, debido a que este es el texto legal que le concede la autoridad a los otros organismos para proteger los derechos humanos en toda América y del que solo Trinidad y Tobago había hecho uso, en 1998.
Venezuela contaba con un año para dar marcha atrás desde el momento de la denuncia, pero el Ejecutivo ahora encabezado por Nicolás Maduro no cambió de parecer a pesar de las protestas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de la oposición.
“Es un hecho muy grave que afecta la jerarquía de los derechos de todas las personas que están en el territorio venezolano porque, de alguna manera, el Estado dice: yo no voy a cumplir (...) con esas obligaciones”, comentó a Efe el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Para Correa, la decisión de abandonar el organismo lo que hace es “reducir las garantías” de que el Estado venezolano “efectivamente responda y respete los derechos” que tienen sus ciudadanos.
El descontento del Gobierno venezolano con la CIDH, a la que ha acusado reiteradamente de usar criterios políticos para tomar sus decisiones sobre el país, viene de lejos.
El 12 de abril de 2002, día en que el fallecido presidente Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado que lo sacó de la presidencia por 48 horas, un grupo de personas se dirigió a la Comisión para pedirle que se resguardaran los derechos del depuesto presidente mientras lo tuvieran en prisión.
“Y la Comisión lo que hace es responderle al excelentísimo gobierno de (Pedro) Carmona”, dijo Chávez el año pasado al anunciar el abandono de Venezuela de la CIDH, mientras rememoraba la respuesta que dio el órgano legitimando al autoproclamado presidente, jefe del gremio patronal Fedecámaras en aquel momento.
Para el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Saul Ortega, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, la de denunciar la Convención fue “una decisión del presidente Chávez en buena hora”.
