Víctimas esperan que CorteIDH anule indulto a Fujimori por irregular
El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, quien representa a las víctimas de las matanzas de 1991/1992, dijo que existen suficientes elementos para dejar sin efecto la medida.
Familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado Alberto Fujimori, exigen justicia. EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) centra las principales esperanzas de los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado el expresidente Alberto Fujimori para anular el indulto que la pasada Nochebuena le concedió el actual gobernante, Pedro Pablo Kuczynski.
En una rueda de prensa en la que estuvieron acompañados por las cuatro organizaciones que los asesoran legalmente, los parientes de las víctimas anunciaron que buscarán tanto en el sistema jurídico peruano como en la CorteIDH un fallo que devuelva a Fujimori a prisión.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, quien representa a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que existen suficientes elementos para dejar sin efecto la libertad de Fujimori.
Según Rivera, la primera irregularidad es que se trata de un indulto de carácter político y no humanitario, como se argumentaba en la resolución firmada por Kuczynski, que aludía al estado de salud de Fujimori.
El letrado acusó a Kuczynski de alcanzar un acuerdo político con Fujimori para darle la libertad solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso, gracias a la abstención de un pequeño sector del fujimorismo liderado por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, que le pidió el indulto.
Rivera también destacó la inusitada velocidad con la que se tramitó el indulto, en apenas 13 días, cuando la anterior solicitud tardó nueve meses en ser resuelta por el entonces presidente Ollanta Humala, quien en 2013 le denegó la libertad.
Asimismo, criticó la falta de transparencia en el proceso y acusó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la primera ministra, Mercedes Aráoz, de ocultarlo y negarlo el jueves 21, día en el que se votaba en el parlamento la moción de destitución de Kuczynski, cuando el documento ya estaba en esas instancias.
Por su parte, el director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velasco, destacó que la principal irregularidad del indulto es uno de los miembros de la junta médica que recomendó liberar a Fujimori es médico de cabecera del expresidente, lo que incurre en un conflicto de intereses.
El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Christian Huaylinos, anunció que solicitarán a la Sala Penal Nacional que declare inconstitucional el indulto, pues está acompañado de una gracia presidencial para que Fujimori se libre de ser juzgado por el caso Pativilca, otra matanza donde murieron seis campesinos en 1992.
Asimismo, la abogada de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Diana Coz, afirmó que el documento publicado en la Nochebuena está "viciado de nulidad" y recordó que "el indulto no es una prerrogativa del presidente absolutamente discrecional" porque existen unas condiciones y procedimientos regulados.