Guatemala ha experimentado un sensible retroceso en el respeto de los derechos humanos durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, debido a la existencia de grupos paralelos de seguridad.
En los primeros nueve meses de este año, según un informe del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) divulgado el pasado 22 de octubre se registraron 2,101 violaciones de los derechos humanos.
Entre esas violaciones, subraya el GAM, "es sumamente preocupante que se hayan producido 21 ejecuciones extrajudiciales, debido a que se supone que nos encontramos en un periodo de posguerra, que debiera de caracterizarse por el pleno respeto de los derechos humanos".
En la mayor parte de esos hechos, agrega el informe, "se ha logrado comprobar que (...) han participado miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por lo menos han consentido que otros sectores se involucren en este tipo de crímenes".
Las principales víctimas de lo que las organizaciones locales de derechos humanos han dado en llamar "el renacimiento del terror", han sido, principalmente, activistas humanitarios, periodistas, jueces y fiscales, así como mujeres y militantes de partidos políticos de oposición.
Y los responsables, según el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, son los grupos clandestinos de seguridad que actúan con la complicidad del Estado.
