Durante los primeros once meses del año, según cifras oficiales, los asesinatos en Guatemala ascendieron a más de 5.500, en su mayoría a cargo de los grupos del crimen organizado y las bandas del narcotráfico que operan en el país.
Dentro de las víctimas mortales destaca el cantautor argentino Facundo Cabral, a quien un grupo de sicarios mató a tiros en julio pasado al acribillar el vehículo en el que el artista era llevado al aeropuerto de la Ciudad de Guatemala con destino a su país, después de haber ofrecidos dos conciertos.
Según las investigaciones, el ataque iba dirigido contra el empresario de espectáculos nicarag ense Henry Fariña, quien sobrevivió y que luego responsabilizó del hecho al costarricense Alejandro Jiménez, quien supuestamente se dedica al lavado de dinero del narcotráfico en su país y que se sospecha está vinculado con los carteles de la droga que operan en Guatemala.
Los narcotraficantes, especialmente los del sanguinario grupo mexicano Los Zetas, de acuerdo con el Ministerio guatemalteco del Interior, fueron los responsables de más de cinco matanzas perpetradas en el país, en las que murieron más de 50 personas.
La más impactante ocurrió el 14 de mayo, cuando 27 trabajadores de una finca fueron asesinados a tiros y sus cuerpos descuartizados por un comando de Los Zetas, en una población rural del norteño departamento de Petén.
A pesar de que el mismo Gobierno ha admitido la infiltración de los narcotraficantes en las fuerzas de seguridad, las autoridades aseguran que han propiciado importantes golpes a esas organizaciones que han crecido y demostrado su poderío durante 2011.
Según la Policía Nacional Civil, el valor de la drogas y bienes incautados al narcotráfico este año superó los 24.746 millones de quetzales (unos 3.172 millones de dólares), un 44,37 % más que en todo 2010 y equivale al 30 % de la deuda pública del país.
Además de la violencia, durante 2011 los guatemaltecos también vivieron un año convulsionado por una millonaria campaña electoral en la que fue elegido como próximo presidente del país el general retirado Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota, quien prometió acabar con las mafias de la droga.
Pérez Molina recibirá el poder el próximo 14 de enero, de manos del socialdemócrata lvaro Colom, cuya ex esposa, Sandra Torres, vio frustradas sus intenciones de ser candidata a la Presidencia por la negativa de las diferentes instancias judiciales del país a aceptar su participación por haber incurrido en "fraude de ley".
Torres, quien era apoyada por la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional, se divorció en mayo del presidente Colom para evadir una prohibición constitucional que impide a la esposa del gobernante de turno presentarse a las elecciones para sucederle.
Con la llega de Pérez Molina al poder, no solo regresa la conservadora derecha que históricamente ha gobernado el país, sino también los militares, que durante largas dictaduras protagonizaron sangrientas violaciones a los derechos humanos.
Aunque el presidente electo, que ofreció durante su campaña electoral un gobierno "de mano dura", ha garantizado el pleno respeto a los derechos humanos y a la ley durante su administración, diversos sectores sociales temen un regreso al pasado.
El nuevo gobernante ha asegurado que durante los primeros seis meses de su Gobierno logrará reducir los altos niveles de violencia, que en promedio se cobran la vida de 17 personas cada día, y para ello ha designado al también militar retirado Mauricio López Bonilla al frente del Ministerio del Interior.
Reducir los niveles de pobreza, que durante este año se elevaron al 54% de la población, así como garantizar la seguridad a los ciudadanos, son los dos principales retos que enfrentará Pérez Molina durante su administración de cuatro años.
