El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, siguió hoy resistiéndose a acatar una ley que impide sus intenciones de reformar la Constitución, lo que le abriría el camino a volver a ser candidato presidencial después de 2010.
Con su iniciativa, que viene promoviendo desde noviembre, Zelaya ha creado un polarización social que hoy pudo derivar en un altercado cuando acudió a un cuartel en una caravana de vehículos con decenas de seguidores a recoger un material para una consulta popular, prevista para el domingo, orientada a reformar la actual carta magna.
Zelaya y decenas de seguidores irrumpieron en la sede de la Fuerza Aérea gritando consignas a favor de la consulta popular y criticando a la Corte Suprema de Justicia y al Parlamento, que esta semana ratificaron que la iniciativa del gobernante es ilegal.
La crisis política se agudizó el miércoles por la noche, cuando el presidente destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, por negarse a apoyar con la logística del Ejército el proyecto de la consulta de Zelaya.
Poco después, también anunció que aceptaba la renuncia que le había presentado el ministro de Defensa, ngel Edmundo Orellana.
El general Vásquez dijo el mismo miércoles que no respaldó la iniciativa del presidente porque un tribunal de justicia la había declarado ilegal.
Zelaya, que se llevó de la Fuerza Aérea el material de la consulta popular, incluidas urnas y papeletas, también solicitó hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión urgente de su Consejo Permanente para abordar mañana la situación interna del país, dada la polarización que ha creado su iniciativa.
En el país se encuentra Raúl Arconada, el enviado por la OEA para encabezar un grupo de observación de ese organismo de la encuesta que promueve Zelaya, misión que ha sido rechazada tanto por el Parlamento hondureño como por sectores sociales del país.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema también asestó hoy un golpe político a Zelaya, al dejar sin efecto la destitución del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en respuesta a dos recursos de amparo presentados por un abogado a título personal, en un caso, y por el Ministerio Público, en el otro.
El fiscal general del Estado, Luis Rubí, expresó que Zelaya también ha transgredido la ley al destituir al general Vásquez.
Por su parte, la Sala de lo Constitucional señaló en una declaración que "la intención de inmiscuir a las Fuerzas Armadas en un acto administrativo de naturaleza meramente político, conduce a claras acciones que violentan la Carta Fundamental".
El mismo fallo señala que el despido del general "ha sido declarado ilegal por el órgano jurisdiccional del país, porque incurre en un incumplimiento de la ley", y que Vásquez "ha actuado apegado a derecho al no atender la instrucción jurídicamente improcedente".
Zelaya le respondió al poder judicial acusándolo de haber "creado un Estado militar y un Estado civil", al rechazar su decisión de destituir a Romeo Vásquez.
En un ambiente de relativa calma, el Ejército salió hoy temprano a las calles y resguardó varias instituciones y edificios públicos y privados, mientras que muchos capitalinos inundaron los supermercados para abastecerse de comida ante el "temor a un golpe de Estado", según comentaron varios de ellos a Acan-Efe.
Zelaya, quien cumple su mandato presidencial el 27 de enero de 2010, anunció el miércoles, después de destituir al general Vásquez, que hoy recibiría a "sectores del país que quieran acompañarnos" y al pueblo para tomar decisiones en pro del desarrollo y de la democracia hondureña".
El presidente del opositor Partido Nacional, Ricardo lvarez, al igual que otros sectores sociales, hicieron hoy un llamamiento a Zelaya y a las demás autoridades del país a mantener la calma y buscar solución a la crisis mediante el diálogo.
Zelaya ha reiterado que no pretende el continuismo en el cargo, algo lo que no permite la actual carta magna, pero tampoco ha descartado presentarse de nuevo como candidato mediante la reforma constitucional que promueve, para lo que, según sus adversarios, está recibiendo apoyo de Venezuela, Cuba y Nicaragua.