El fiscal de delitos civiles, Abilio Batista, reveló que este desembolso será asignado al Ministerio Público, la Procuraduría de la Administración y al Organo Judicial.
Batista detalló que al Ministerio Público le corresponderá un total de B/.13 millones que serán utilizados en un programa nacional de asistencia a las víctimas y testigos.
Así como a la creación de una Dirección de Auditoría Judicial y una administración de bienes cautelados.
También se tiene proyectado la ampliación del centro de bienes incautados a fin de evitar su deterioro.
A la vez se construirá una unidad de fiscalías en la provincia de Colón y en La Chorrera.
Según Batista estos recursos permitirán desarrollar algunos proyectos sobre administración de justicia en las áreas indígenas y otras sectores apartados.
Otro de los proyectos a realizar con los fondos asignados es la construcción de 15 personerías para la atención de casos en diversos puntos del país en donde actualmente no existen despachos judiciales para la ventilación de los procesos.
Parte de los fondos también serán utilizados para la capacitación de grupos vulnerables.
Se incluye la instalación de centros de mediación y conciliación en Changuinola, La Chorrera, Darién, la Comarca Ngöbe Bugle y Coclé.
Dentro de este paquete le corresponderá a la Procuraduría de la Administración la suma de B/.4 millones.
En tanto que B/.13 millones fueron asignados al Organo Judicial.
El BID entregó un primer desembolso por un monto de B/.27 millones, que fueron utilizados en la primera fase del proyecto de mordernización de la justicia, promovido por el Pacto de Estado por la Justicia.
Este programa también cuenta con el aporte de fondos por parte del gobierno para mejorar el sistema de administración de justicia en todo el país.
El proyecto también incluye la construcción de facilidades en los despacho judiciales de personas con discapacidades físicas.
También se instalarán centro de mediación en unos 10 distritos del país.
La primera parte del programa se inició en el año de 1998.
