Unos 32 exfuncionarios de los consulados panameños deberán reponerle más de dos millones de dólares al Estado, luego de que el Tribunal de Cuentas concluyera la investigación de varios casos por lesión patrimonial.
Mientras, la Contraloría General de la República se encuentra auditando en el consulado en Gran Bretaña por anomalías en el pago de alquiler de la residencia oficial.
En total se encontraron méritos para ordenar medida cautelar de bienes y cuentas bancarias en 15 casos de administraciones pasadas, que involucran a los consulados de China, Reino Unido, Shanghái, en China; Río de Janeiro, en Brasil; Nueva York y Los Ángeles, en Estados Unidos; Berlín, en Alemania; Barcelona, en España; Yakarta, en Indonesia, y Lisboa, en Portugal.
Informes del Tribunal de Cuentas revelaron que entre los 32 excónsules y funcionarios de estas misiones diplomáticas se han ordenado medidas cautelares por un monto superior a un millón 559 mil dólares.
Fuentes oficiales revelaron que estas estadísticas no representan el total de las lesiones patrimoniales en los consulados de Panamá, ya que en muchos de los casos los implicados aceptaron pagar antes que el proceso de investigación concluyera, como sucedió en los consulados de Italia y Róterdam, durante el gobierno de Martín Torrijos.
Entre los casos en los que el Tribunal de Cuentas ya emitió las resoluciones de reparo de daños y medidas cautelares se encuentra el consulado de Panamá en Nueva York, luego de encontrarse irregularidades en el manejo administrativo entre septiembre de 1999 y junio de 2006.
En este caso, la lesión patrimonial calculada alcanzó los 442 mil 118 dólares, y están implicadas siete personas: Rita García, Vicente Bonilla, Cynthia Brown, Maribel Vargas, Gabriel Phillips, Arieen Sucre y Julia Mckay, según un informe oficial obtenido porPanamá América.
Solamente Brown se ha acercado al Tribunal de Cuentas a devolver unos 9 mil 38 dólares.
El Tribunal de Cuentas determinó que en este periodo hubo irregularidades en el manejo de recaudos y gastos ejecutados en el consulado de Nueva York.
Otro de los casos con resolución de reparo y medida cautelar en el Tribunal de Cuentas es el del consulado de Panamá en Yakarta, debido a irregularidades financieras entre octubre de 1999 y octubre de 2004 por un monto de 407 mil 457 dólares.
Los implicados señalados en el expediente son Virginia Weeden, Lily Yuniarly y Rafael Acosta.
Uno de los casos más recientes en el que el Tribunal de Cuentas emitió resolución de reparo y ordenó medida cautelar fue el de la excónsul y embajadora en Reino Unido Liliana Fernández, cuñada del expresidente Martín Torrijos.
El informe sostiene que la lesión patrimonial que debe reparar Fernández alcanza los 263 mil 913 dólares. El caso está vinculado al pago del alquiler de la residencia oficial en Londres, lo mismo por lo cual la Contraloría General de la República audita en estos momentos al actual cónsul y embajador en Reino Unido, Gilberto Arias.
Se intentó localizar a Fernández para conocer su versión, pero no fue posible ubicarla.
Entre tanto, Arias se limitó a decir que no estaba informado de ninguno de los dos casos.
“No tengo conocimiento de los temas que mencionas en tu correo, pues no he sido notificado por el Tribunal de Cuentas sobre ninguna investigación y no tengo tareas ante esa dirección; tampoco he sido notificado de ninguna investigación por Contraloría”, indicó.
Para la Contraloría, el embajador debe hacerse cargo de los gastos de alquiler de su residencia en Londres, sin embargo los últimos dos encargados de esta misión diplomática le han traspasado la cuenta al Estado de Panamá.
Así lo confirmó Arias en su caso: “El arrendatario de la propiedad 40 Hertford Street es la República de Panamá; yo, como embajador y representante de Panamá ante el Reino Unido, resido ahí”.
El Tribunal de Cuentas también mantiene abierto un expediente contra el consulado de Panamá en Tampa en Estados Unidos en el que se emitió en diciembre de 2010 una resolución de reparo por 154 mil 413 dólares contra cinco personas.
En este caso, el documento no detalla los nombres de las personas mencionadas en el expediente, así como el monto y el periodo en que se cometió la supuesta lesión patrimonial contra el Estado.
