Con 74 aspirantes culminó ayer el período de inscripciones, para las dos vacantes disponibles a los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
A partir de hoy, desde las 8:00 de la mañana, la Comisión Evaluadora tiene 10 días para hacer las consideraciones al Ejecutivo sobre los aspirantes, luego del período de entrevistas a la que serán sometidos los concursantes.
La coordinadora de la Comisión, Martha López de Martín, explicó que asegurarán al presidente de la República, Martin Torrijos que pueda escoger a una persona que haya cumplido con los requisitos exigidos en la Constitución Nacional.
Los dos nuevos magistrados deben tener solvencia moral y cumplir con las expectativas de la justicia que todos esperan para ocupar las vacantes que dejarán el 31 de diciembre los magistrados José Andrés Troyano y Graciela Dixon.
En la sesión los aspirantes deben responder a la credibilidad que tienen en la comunidad por sus valores éticos y morales.
Tendrán que describir su historia familiar y en su opinión señalar qué cualidades lo hacen merecedor de ocupar el cargo de magistrado de la Corte.
Al mismo tiempo, deben responder si ha sido acusado o investigado por faltas a la ética ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados o ante el ente correspondiente del Organo Judicial, o en su lugar investigado por alguna causa penal y cuál fue el resultado.
Sobre la idoneidad técnica y jurídica, el entrevistado debe definir a qué sala de la Corte Suprema aspira y cuál es su experiencia profesional y ejecutoria en la materia que ventila dicha sala.
Otra de las consideraciones en este aspecto que debe cumplir el aspirante es definir cómo garantizará la independencia en la presentación del servicio de administración de justicia.
En su compromiso con los derechos humanos, tendrán que contestar qué haría si en un momento dado la percepción ciudadana cuestiona su actuación en el desempeño de su cargo, de forma que afecte la credibilidad del Organo Judicial.
También debe mencionar si considera que ha hecho algún aporte a la defensa de los Derechos Humanos.
La Comisión Evaluadora tendrá entonces la oportunidad de hacer una evaluación, la que irá en un informe dirigido al Ejecutivo con el listado en orden alfabético de los aspirantes.
