La separación de los expedientes del robo a la sucursal del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN) de Corozal y el de la muerte de Gina García Eleta fue exigida ayer, por la abogada Guillermina MacDonalds, representante de la familia de la víctima.
De acuerdo con MacDonalds, en este caso la fiscalía auxiliar sólo logró investigar y hacer cargos por del delito de robo y no de homicidio, a pesar que García Eleta falleció en las escena del robo, durante el tiroteo entre los agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) y los asaltantes.
Según la jurista en este caso existen serias contradicciones, ya que los agentes del SPI aseguran que Gina García se encontraba en condición de rehén de uno de los asaltantes y se ha intentado señalar que los delincuentes fueron quienes le dispararon.
Sin embargo, el disparo no fue hecho a quemarropa y algunas pruebas señalan que la bala pudo venir de un agente del SPI.
También señaló que ha solicitado una reconstrucción de los hechos, por que allí se establecerá con mayor claridad, quienes fueron los agentes del SPÏ que hirieron mortalmente a García Eleta.
A la vez, solicitó una prueba de luminol para ubicar el rastro de sangre en el vehículo de García Eleta, que pueda indicar la posición de la occisa y de la procedencia del disparo.
La pasada semana la fiscalía auxiliar remitió a una fiscalía de circuito, en donde se le formularon cargos por robo a seis de los investigados.
No obstante, la fiscalía de circuito no es competente para realizar investigaciones de homicidio, por lo que parte del expediente deberá ser enviado a una fiscalía superior.
