El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Resolución Ejecutiva 1, del 6 de febrero del 2012, le instruyó al procurador general de la Nación, José Ayú Prado, que tome acciones civiles para exigir responsabilidad contra el licenciado Jorge Molina por el incumplimiento de sus obligaciones como abogado del Estado, representado en la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).
El documento, publicado ayer en Gaceta Oficial, señala que el numeral 1 del Artículo 220 de la Constitución Política establece como una de las atribuciones del Ministerio Público la de defender los intereses del Estado o del Municipio.
Agrega que el 28 de febrero del 2008, Víctor Carlos Urrutía, como administrador general de la ASEP, otorgó poder especial a la firma forense Icaza González Ruiz y Alemán como apoderado principal y al licenciado Jorge Molina como apoderado sustituto para representar los intereses del Estado en una demanda que le había interpuesto la empresa La Mina Hidro-Power Corp. por la suspensión de una concesión hidroeléctrica en Chiriquí en el 2006. Molina devengaba un salario de 5 mil dólares mensuales.
En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la empresa reconociéndole sus derechos por la concesión de una hidroeléctrica en Chiriquí, la cual se le había anulado en 2006. En el fallo, la Corte manifestó que la ASEP solo presentó un informe de conducta, lo cual consideró un abandono de parte del abogado Molina, lo que a su vez le causó una importante afectación al Estado.
Tras este fallo, el Estado enfrenta una demanda de 103 millones de dólares por daños emergentes y lucro cesante que presentó la empresa InterCarib (antes La Mina Hidro-Power Corp.) , a la que en el 2006 el Gobierno de Martín Torrijos le anuló una concesión hidroeléctrica alegando incumplimiento de contrato, y luego se la dio a la empresa Ideal Panamá, del empresario Carlos Slim, quien ya la construyó a un costo de 170 millones de dólares.
