Abogados de la Caja de Seguro Social (CSS) liderados por el director encargado de Asesoría Legal de la institución, Jaime Franco, interpusieron ayer ante la Fiscalía Auxiliar, una querella por calumnia e injuria contra Fernando Berguido de Transparencia Internacional (TI), por asegurar en una publicación, que un gran número de estos abogados son representantes de suplidoras de medicamentos para la CSS. De acuerdo con Franco, en declaraciones atribuidas a Fernando Berguido, publicadas en el suplemento Martes Financiero del diario La Prensa, éste señala que de los 48 abogados de la CSS, 40 son representantes de empresas o casas farmacéuticas que contratan con la CSS.
Aseveró que de ser así sería una violación a la Ley 56 de 1995 en materia de contratación pública y la Ley 1 de este año, en materia de adquisición de medicamentos, "por lo cual los señalamientos de Berguido serían evidentemente muy graves".
Por lo tanto, dijo Franco, todos los abogados de la institución, "nos sentimos calumniados e injuriados porque desconocemos de dónde se han sacado estas cifras y desconocemos que haya una investigación sobre el tema, incluso el director de la institución Juan Jované dijo desconocer estas cifras o que haya una investigación al respecto". Manifestó que además hay un convenio entre la CSS y Transparencia Internacional que obliga a que ésta, de tener ese tipo de cifras, las comunique a la CSS. "Si el director las desconoce, entonces se ha violado el convenio", subrayó.
Precisó además que ha conversado con el director de Planificación de la entidad, Even Chipardo, citado en la publicación, pero éste ha indicado que desconoce de dónde la periodista Ana Teresa Benjamín y el señor Berguido, sacaron esas cifras.
"Este tipo de declaraciones mancilla nuestra dignidad y honor, por lo cual pedimos que sean aclaradas. Es una acusación donde no se distingue quiénes son los abogados que están en esa situación, que de ser ciertas corresponderá tomar las acciones pertinentes, en el caso que estos profesionales hayan incurrido en alguna violación". A juicio de Franco esas declaraciones y publicaciones han afectado sensiblemente a la institución, a los funcionarios señalados y la credibilidad frente a los asegurados. "Yo como director de Asesoría Legal desconozco que alguno de los colegas esté en esta situación y por ende nos parece calumniosa e injuriosa", indicó.
