Honorarios por el orden de 35% de la recuperación neta de la demanda, están cobrando los abogados españoles que contrató el Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Vida para entablar un proceso penal y
o civil contra Rasfer Internacional, S.A. en España, lo cual defendió ayer el vocero de esta agrupación, Gabriel Pascual.
El dirigente aclaró que este proceso se está realizando en España y no en Panamá, como algunos vociferan y negó que a la fecha hayan cobrado un solo centésimo, contrario a una agrupación que también lucha para que se indemnice a los familiares de las víctimas por envenenamiento de medicamentos de la Caja Seguro Social (CSS).
El Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Vida demandó a Rasfer Internacional, S.A. por vender y exportar materia distinta o adulterada que causó la muerte y afectación a la salud de más de 50 panameños.
Este medio tuvo acceso a un "Contrato de Representación" que plantea en su Artículo IV, que el porcentaje de 35% se mantendrá igual independientemente si se procede a una apelación judicial.
Asimismo, el contrato deja claro que de ganar la demanda, los abogados entregarán al cliente la suma convenida, previo el pago de sus honorarios.
No es necesaria la celebración del procedimiento de selección de contratista, en los contratos considerados de urgente interés local, o de beneficio social.
El Gobierno lo decidió así para dar una respuesta mucho más rápida a las comunidades que esperan las obras en los sectores de salud, educación, proyectos viales y de acueductos.
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