Para el jurista Higinio Aguirre Caballero, el hecho de que una Universidad sea autónoma, no significa que puede hacer todo lo que sus dirigentes desean.
A su juicio, la autonomía a que se refiere la Ley Universitaria es para el tema financiero, el manejo de sus recursos, el nombramiento de su personal, así como para sus actividades científicas y curriculares.
"No es posible en un sistema democrático permitirle a una institución amplias libertades, so protexto de que nadie puede interferir en sus asuntos. Si esto se permite, se vulneran derechos de terceras personas, pues entonces esa autonomía llevaría a la universidad a una especie de dictadura, o anarquía", puntualizó.
Lamentó lo que está sucediendo en la UP, ya que no redunda en beneficio para la máxima casa de estudios.
El también abogado Jorge Guianareas opinó que el argumento de que la Corte está interviniendo en asuntos internos de la UP, no tiene sustentación alguna, porque nadie puede estar por encima de la Ley.
Precisamente, el Artículo 99 de la Constitución se refiere sobre el particular y dice textualmente: "La universidad oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la forma que determine la Ley."
En tanto, el catedrático Gilberto Marulanda hizo hincapié en que la autonomía no debe verse como obstáculo para el desarrollo, al contrario, es una garantía para el fortalecimiento de la democracia.
La CONAE también da seguimiento mensual e individual al plan de ahorro estatal, en todas las instituciones gubernamentales. En cuanto a las investigaciones por distorsiones y posible manipulación en perjuicio de los usuarios, que fueron descubiertas y anunciadas por el presidente Torrijos, el director de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSP), Víctor Urrutia, dijo que existen suficiente elementos para actuar legalmente contra quienes participaron en estas irregularidades.
Las distorsiones en su mayoría se centran en que no se contrató la energía requerida, lo que motivó que se efectuaran las compras en el mercado ocasional a preciso muy volátiles.
Cabe recordar que el presidente Torrijos ordenó que se den las investigaciones que sean necesarias hasta llegar al fondo y que se deslinden las responsabilidades que corresponden. El Estado debería suspender cualquier tipo de aumento hasta tanto no se resuelvan las irregularidades y distorsiones detectadas y sustentadas en su momento por la CONAE, opinó el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Enrique De Obarrio.
Según De Obarrio, el nuevo ajuste de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSP) es el traslado a los consumidores de las mismas ineficiencias del mercado eléctrico en general como de las empresas en particular.
"Es cierto que hubo alzas en los precios del combustible y que este tiene una incidencia importante en los costos de la energía generada térmicamente, también es cierto que esa tecnología no representa la totalidad de lo generado ni tampoco el cálculo realizado para justificar el aumento es correcto", dijo.
Estas ineficiencias son causadas por las distorsiones de mercado, generadas a su vez por las resoluciones del antiguo Ente Regulador que permitieron la compra excesiva en el mercado ocasional (spot) y mientras no se deroguen esas resoluciones y sean sustituidas por mecanismos más eficientes cualquier aumento se le cargará al consumidor.
