Ante el vacío de una norma sobre servicio universal que debió ser aprobada por el Gobierno antes de la apertura del mercado de telecomunicaciones, los panameños enfrentan hoy la incertidumbre que plantea la posibilidad que se elimine la tarifa básica de teléfono.
Y es que si bien la cláusula 40 del Contrato de Concesión para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones de 1997 establece que "con el objeto de garantizar a los ciudadanos el acceso al servicio telefónico el concesionario se obliga a mantener durante su vigencia una tarifa de acceso universal para el servicio telefónico 101 o básico, el Anexo E de esta cláusula señala que el tope tarifario de acceso universal (tarifa básica) termina en el 2002.
Pero además esta misma disposición precisa que "la obligación de proveer servicio de telefonía básica local a una tarifa de acceso universal se extinguirá un año después de concluido el periodo de exclusividad temporal para el servicio 101 que vence el 1 de enero de 2003, a menos que sea promulgada una legislación que requiera que todos los concesionarios de servicio de telecomunicaciones contribuyan de manera equitativa y no discriminatoria con los costos de prestar el servicio a dicha tarifa o que provengan de los fondos designados en los presupuestos generales del Estado para tal efecto".
Especialistas sostienen que la concesión obliga al Estado a emitir una ley de servicio universal como ocurre en todos los países donde se va a abrir el mercado, a fin de promover y mantener el acceso a la telefonía básica en áreas rurales, a las telecomunicaciones a personas discapacitadas, propiciar la operación y mantenimiento de los teléfonos públicos en zonas remotas y de baja rentabilidad, garantizar el desarrollo de proyectos que permitan acceder a la tecnología de la información, acceso a servicios de urgencia como la Policía Nacional, Cruz Roja, descuento a jubilados y el mantenimiento y servicios de Internet en escuelas y universidades públicas.
Este tipo de legislación es común en todos los países donde se ha abierto el mercado de telecomunicaciones inclusive Estados Unidos y la Unión Europea tienen leyes de servicio universal.
De acuerdo con los informes, la falta de esta ley le representa a la empresa Cable & Wireless (C&W) un déficit de B/. 31 millones en el renglón del servicio universal que se traduce también en dividendos que se deja de pagar al Estado.
Lo que se debió hacer es emitir esta ley antes que se diera la apertura del mercado para que los nuevos concesionarios consideraran dentro de sus presupuestos este costo, pues se trata de un subsidio que dan los concesionarios y el Estado.
En Panamá aún se desconoce el esquema con el cual funcionará este sistema, porque todavía el proyecto de Ley no ha sido presentado a la Asamblea Legislativa para su discusión, pero según una fuente este documento se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La experiencia de otros países se basa en que este servicio es subsidiado por el Estado y los concesionarios donde aporta más aquel que tenga mayor participación del mercado, tomando un porcentaje de la facturación mensual que oscila entre un 1% hasta 3%, que debe ir a un fondo destinado a garantizar la prestación del servicio universal, de manera que se garantice a la población de escasos recursos tener acceso al teléfono y que la tarifa básica siga existiendo a través de un subsidio.
Desde hace más de un año se ha venido planteando la necesidad de que se emita esta ley, pero a la fecha las autoridades gubernamentales no han presentado la misma, afectando con ello a los panameños de menos recursos quienes tendrán que acogerse al plan de prepago o a la tarifa del Plan estándar de B/.11.95.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) que ha dicho a la empresa C&W que no puede eliminar la tarifa básica, basa sus argumentos en una parte de la cláusula 40 del Contrato de Concesión que obliga a la existencia de una tarifa universal por 20 años, argumento que es reconocido por la empresa telefónica; pero esta misma disposición seguidamente explica que la tarifa se extingue al año (2003), en el caso de que no exista una ley de servicios universales.
Cable & Wireless ha manifestado que no está cometiendo ninguna irregularidad, pues considera que lo que le está haciendo es decirle a los clientes que en caso de que no haya una ley de tarifa universal antes del 1 de enero de 2004, la tarifa básica de B/.6.27 se extinguirá tal como lo señala la ley.
C&W es consciente que no puede cambiar tarifas a menos que sea aprobado por el Ente Regulador, y lo que se les está planteando son las opciones que existen.
Si bien desde el momento en que pasó a manos privadas el servicio de telefonía en el país se observaron cambios en las tarifas que afectaron a la ciudadanía, este sector ha reflejado también una evolución de los servicios desde la privatización en junio de 1997.
