El Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, presentó ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción una solicitud para que los testigos que denuncian actos de corrupción les sea preservada su identidad y no sean destituidos de las entidades.
Tejada recordó que ya en el 2002 la extinta comisión presidencial para combatir la corrupción destacó que en algunas de las denuncias particulares que se hicieron, se informó que los denunciantes habían sido destituidos de sus cargos como represalia por haber dado a conocer actos evidentes de corrupción.
Con esta disposición se busca que el denunciante tenga un mínimo de garantías tras cumplir con su deber de poner al alcance de la justicia criminal una práctica corrupta de alto perfil.
Esta solicitud surge por el requerimiento de ajustar previsiones normativas a quienes pongan en práctica su deber de denunciar actos de corrupción.
Recomendó que la comisión examine la ley modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que protege el derecho de expresión contra la corrupción, implementando el artículo III, sección 8, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Hace unos meses, mediante ley No. 48 de 30 de agosto de 2004, se recogieron algunas recomendaciones defensoriales en este sentido.
La Ley hoy prevé que el funcionario de instrucción y el juez podrán omitir en la diligencia que se practique las generales o cualquier dato que sirva para identificar al testigo de proceso penal, en atención al riesgo o peligro que pudiera correr incluyendo a su cónyuge, ascendiente o descendiente.
El Ombudsman persigue que el ciudadano tenga un mínimo de garantías para quien cumpla con su deber de poner al alcance de la justicia criminal una práctica corrupta de alto perfil.
De igual manera aspira a mejorar la normativa, para transmitir confianza a colaboradores en la lucha contra la corrupción.
A principios de este año, los fiscales superiores solicitaron mayores recursos para brindarles protección a los testigos debido a que varios de ellos, que debían acudir al estrado a señalar a los responsables de algunos crímenes, fueron asesinados.
Los países que tienen una historia de éxito en la lucha contra la corrupción han adoptado leyes especiales de protección de denunciantes y testigos, con el fin de acabar de una vez por todas con este miserable flagelo.
