Diez salas de audiencia fueron inauguradas hoy en dos cárceles cercanas a la ciudad de Panamá que concentran al 60 % de los presos del país, una medida para agilizar las comparecencias y garantizar los derechos procesales de los reclusos, indicó el Organismo Judicial (OJ).
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), José Ayú Prado, dijo en la ceremonia de inauguración que con esta iniciativa se busca solventar los inconvenientes que implican el traslado de los privados de libertad a los tribunales, de acuerdo con la comunicación oficial del OJ.
"Hacemos entrega al sistema de justicia penal, de esta nueva instalación que permitirá realizar, en el perímetro del centro penitenciario, audiencias que posibiliten que se cumpla con las etapas del proceso penal y se decida el estatus de los sindicados", dijo Ayú Prado.
El propósito que se persigue con esto, agregó el presidente de la CSJ, es que los obstáculos para que sean trasladados a las sedes de los tribunales "no sea un motivo para que se dilate su causa y se ocasione la consiguiente violación de sus garantías procesales."
Las salas de audiencia están ubicadas en los perímetros de los Centros Penitenciarios La Joya y La Joyita, en una estructura con un costo de 5,7 millones de dólares, incluyendo el equipamiento de los salones que tienen una capacidad aproximada de 70 personas.
El recinto, cuenta con los mayores estándares de seguridad, como vidrios blindados, vídeo vigilancia y tres garitas de seguridad.
Además, las instalaciones tienen facilidades para la defensa, fiscales y jueces, con salas de reuniones, cinco cubículos para testigos protegidos, ocho celdas preventivas, tanque de reserva de agua, planta de tratamiento de las aguas residuales, de acuerdo con la información.
Tras la inauguración, se realizaron las primeras audiencias con jueces del Programa de Descongestión Judicial, fiscales y abogados.
El 60 % de los 16.000 presos que hay en el país centroamericano se encuentran recluidos en La Joya y La Joyita, a las que se les describe como la "antesala del infierno".
En octubre pasado el Gobierno aseguró que el hacinamiento carcelario del país superaba el 380 %, motivado en gran parte por el retardo procesal y el abuso de las detenciones preventivas.