La juez quinta suplente, Vianca Moreno Góngora, dictó ayer un sobreseimiento definitivo a favor del jefe de la Interpol Panamá, Jorge Motley, acusado de los delitos de atentar contra la administración de justicia y falsificación de documento, lo que fue apelado por el fiscal superior especial, Cristóbal Arboleda.
Según la decisión de la juez, Motley cumplió con su deber al remitir a las autoridades italianas información sobre las presuntas actividades ilegales del exprecandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Alfredo Oranges.
Dijo que lo actuado por Motley no constituye delito alguno, ya que como policía judicial actuó al amparo de la Ley 16 de 1992 que le permite realizar investigaciones preliminares hasta por un espacio de dos meses.
Explicó que sería un mal precedente ordenar el enjuiciamiento de un agente policial por el hecho de iniciar una investigación para determinar la comisión de un delito y que éste posteriormente cumplió con su deber al notificar de la investigación.
En tanto, el fiscal Arboleda, al igual que el acusador particular Luis Vásquez, anunciaron la apelación del fallo, por no compartir el criterio de la juez y aseguraron que Motley falseó información sobre Oranges, que dio origen a una serie de órdenes de arresto contra el dirigente político.
Durante su alegato, Arboleda aseguró que Motley remitió a las autoridades italianas un correo electrónico en donde señalaba que existía una investigación por lavado de dinero contra Oranges en Panamá y que posteriormente en su declaración indagatoria aceptó que la PTJ no tenía ninguna investigación en ese sentido.
Aseguró que Motley no pudo probar las afirmaciones hechas inicialmente a las autoridades italianas y que éste argumentó que la fuente de estas informaciones fue la exjefa de la Unidad de Análisis Financiero, Victoria Figge, pero que en su declaración ante la fiscalía ésta señaló nunca haber dado informes sobre Oranges al jefe de Interpol.
En tanto, Rubén Moncada Luna, representante legal de Motley, afirmó que en un informe suscrito por Figge y la exjefa del Consejo Nacional de Seguridad, Samanta Smith, se habla de los movimientos de dinero de varias empresas relacionadas con Oranges y que en una de ellas uno de los empleados de éste funge como representante legal.