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Abuso de Ministerio Público comienza a desenmascararse

Un juez puso en evidencia los abusos que ha venido cometiendo el Ministerio Público con la imposición de detenciones preventivas a exfuncionarios, empresarios y hasta ...

Abuso de Ministerio Público comienza a desenmascarse
Abuso de Ministerio Público comienza a desenmascarse

Un juez puso en evidencia los abusos que ha venido cometiendo el Ministerio Público con la imposición de detenciones preventivas a exfuncionarios, empresarios y hasta periodistas vinculados con supuestos actos de corrupción, en los últimos meses.

Ayer, el juez decimosexto, Ernesto Pérez, cambió la medida cautelar de detención preventiva impuesta por el Fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar, contra Alejadro Garuz y Gustavo Pérez, por el caso que se les sigue por escuchas telefónicas.

El jurista Ernesto Cedeño señaló que la decisión del juez Pérez demuestra la independencia judicial, por considerar que dicha resolución es contraria a un fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que negó en su momento un hábeas corpus para lograr la libertad de los exfuncionarios antes señalados.

 

El argumento de la defensa de Pérez y Garuz para lograr que el juez decretara el arresto domiciliario fue el mismo que se ha venido planteando desde el primer día en que ambos fueron arrestados.

Los abogados defensores calificaron de ilegal la medida por considerar que el Código Judicial establece que los delitos con penas inferior a cinco años no ameritan aplicar la medida cautelar más severa que es la detención preventiva.

"Aquí se está abusando con las medidas cautelares de la detención preventiva y lo que ha hecho el juez es poner un alto a esta situación", señaló Cedeño.

 

El abogado consideró incorrectos los criterios que está utilizando el Ministerio Público a la hora de aplicar las medida cautelares mediante las cuales "se pone preso al que le da la gana, sin ningún sustento legal".

Sectores beligerantes como el Colegio de Abogados y la Iglesia Católica se han pronunciado en contra del abuso de las detenciones preventivas por parte de los fiscales del Ministerio Público y han exigido que se respete el debido proceso y no se caiga en "juicios mediáticos".

La decisión del juez, que se dio en la audiencia preliminar sobre el caso del espionaje telefónico, es solo por este proceso, por consiguiente, la liberación de Garuz será de inmediato.

 

Gustavo Pérez deberá seguir detenido, ya que mantiene otro expediente por el delito de posesión de armas de guerra, por el cual también se le aplicó detención preventiva.

Gustavo Pereira Bianco, abogado de Pérez, aseguró que este último caso no tiene fundamento legal, ya que se trata de fusiles en desuso, para colección.

Salvamento

 

Quien se pronunció en contra de la detención preventiva de los exdirectores del Consejo de Seguridad, en el fallo de la Corte Suprema que negó el hábeas corpus a favor de estos, fue el magistrado Harry Díaz, quien salvó su voto explicando que el Pleno debió ser cuidadoso al momento de analizar mantener la detención provisional.

"Tampoco resulta pertinente coartar la libertad ambulatoria de una persona sin pruebas de peso, indispensable para tomar tal decisión", dijo Harry Díaz.

Otro magistrado que se pronunció en contra de la decisión de la mayoría fue Luis Ramón Fábrega, quien destacó que no se han aportado suficientes elementos que demuestren la necesidad de limitar la libertad de los exfuncionarios.


En las próximas horas se conocerá el futuro del caso de los pinchazos

El juez decimosexto de circuito, Ernesto Pérez, se acogió a un receso para calificar el expediente sobre el espionaje telefónico y determinar si existen méritos o no para llamar a juicio a los cuatro imputados.

Mientras, el abogado Roiner Ortiz, de la defensa de Gustavo Pérez, señaló que en estos tres días de audiencia quedó acreditado que el Ministerio Público armó un expediente con pruebas amañadas.

Dijo que hubo una mala fe procesal de parte del fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, quien se negó a practicar la diligencia de repregunta al testigo protegido, que ha sido considerado como un “fantasma”.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Nahaniel Murgas, quien señaló que en las investigaciones se recabaron suficientes elementos para llamar a juicio a los cuatro imputados.

Además de los dos exdirectores del Consejo de Seguridad, han sido señalados los agentes de inteligencia, Rony Rodríguez y William Pittí.


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101 años de Panamá América

 
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