Acaloradas protestas

A menos de 100 días de ocupar la silla presidencial, Mireya Moscoso enfrentó la queja ciudadana que terminó en una acalorada protesta. Los empleados públicos partieron por delante, molestos por los despidos masivos.
En adelante, los cierres de calles y manifestaciones de diversos sectores del país fueron sucesivos hasta casi la conclusión de su mandato.
La peor de éstas se registró en mayo de 2001. Fue la más concurrida y violenta. Las organizaciones afiliadas al Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) marcharon contra el alza del pasaje en el transporte público de pasajeros.
Cerca de 40,000 manifestantes marcharon por las calles de la capital hasta llegar a la Presidencia de la República, donde fueron reprimidos por la Policía Nacional cuando llegaban al palacio de Gobierno.
Una periodista de El Panamá América que acudía ese día precisamente a entrevistar a Moscoso, escuchó cuando sus asesores le decían que no se preocupara que en la protesta había sólo 5,000 personas.
Cientos de manifestantes y unidades de la Policía Nacional convirtieron las principales calles de la capital en un campo de batalla. Los enfrentamientos dejaron 15 heridos de bala.
Según analistas, el aumento del pasaje constituyó el detonante de la asfixiante condición social en la que se encuentran los sectores populares del país, afectados igualmente por el aumento en el servicio de los bienes alimenticios, la tarifa de electricidad y del teléfono.
En el 2002, continuaron las protestas de las organizaciones populares. En Colón el asunto no terminaba. Allá un grupo de desempleados siguieron reclamando oportunidades laborales. Las cifras actuales hablan de un 40% de la población activa que no tiene trabajo.
En Bocas del Toro, la población se tomó las oficinas de la frutera de banano, cerró las vías de acceso a las zonas de producción y exigió al gobierno que cumpliera con las obligaciones adquiridas en el campo de la salud, la educación y la vivienda.
En septiembre del 2003, surgió otra ola de protestas violentas que se extendieron por todo el país tras la destitución de Juan Jované como director de la CSS.
Por dos días, obreros y empleados de la CSS se enfrentaron como palos y piedras a la Policía Nacional, que los dispersó con gases lacrimógenos. En varias ciudades del interior como Colón, Penonomé, David y Bocas del Toro se realizaron marchas en apoyo a Jované.
Los obreros, liderados por trabajadores de la construcción, maestros y médicos convocaron a una huelga nacional para exigir el reintegro de Jované, pero la medida de protesta fue apoyada parcialmente en la capital y en el interior.
Este año, las protestas han sido marcadas por el rechazo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio contra Estados Unidos. Productores agropecuarios han realizado singulares manifestaciones, sacando sus maquinarias y equipos a las calles, para demostrar su oposición a la firma de dicho tratado.
El gobierno se encontró con una firme resistencia campesina en un área donde pretende embalsar tres ríos cuyas aguas servirían para incrementar la capacidad del Canal de Panamá.
La población campesina continuó con sus protestas contra el desalojo y realizaron una multitudinaria marcha en la capital.
Las protestas de grupos ambientalistas tampoco se hicieron esperar. La más significativa giró en torno a la decisión de construir un camino ecológico por el Parque Nacional Barú.
Los defensores del ambiente mostraron también su rechazo al paso de barcos con material peligroso por la vía interoceánica.
Al cierre de las administración de Moscoso, los educadores se han manifestado para exigir el pago de salarios retrasados a varios maestros en el país .
Igualmente estudiantes del Instituto Nacional y del Artes Oficios realizaron violentas protestas para reclamar mejoras en el plantel y rechazar los nombramientos de directores.
Esta vez hubo daños a la propiedad privada, asaltos a transeúntes y locales comerciales. A los padres de familia de este colegio particulares les reclamaron la suma de B/.5 mil por los daños ocasionados en diversas manifestaciones durante los últimos años.
Al cierre de su mandato, Moscoso indultó a cuatro anticastristas condenados por conspirar para matar en el 2000 a Fidel Castro.
La decisión generó una serie de protestas en las calles de la capital, protagonizadas principalmente por estudiantes universitarios.
Los reclamos de padres de familia y estudiantes por mejoras en las escuelas se extendieron por todo el país y casi un día a la semana se realizaron cierres de calle.
La falta de agua potable y el mal estado de las calles fueron la nota característica a lo largo del periodo gubernamental.