Un sistema acusatorio que permita presentar las pruebas contundentes por parte del Ministerio Público para que se aplique la medida preventiva ante un juez de Garantías, fue aceptado por la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Sobre este tema propuesto por la Comisión Codificadora, Gómez estimó que "la evolución a un sistema acusatorio es a lo que debemos aspirar, porque es una tutela de garantías". Considera que con un sistema acusatorio el Ministerio Público debe contar con fiscales científicos y más preparados, para poder convencer al juzgador de que las pruebas que tiene en sus manos son suficientes para aplicar la medida de detención preventiva.
Sobre la Sala de Garantías Fundamentales, dijo que si permite que los hábeas corpus se resuelvan en el término que dice la ley, entonces "ensayémoslo y vamos a ver qué pasa".
En el Pacto de Estado por la Justicia, en la agenda de la reforma 2005-2006, elaborada por la Comisión de Acceso a la Justicia, la creación de una Sala V de Garantías Constitucionales fue presentada como el punto número 22. Sería un proyecto a mediano plazo para el 2007.
Explicó que las investigaciones corroboraron que Valencia Castañeda compraba los celulares producto de asaltos y luego los enviaba a Panamá donde tenía un contacto que se encargaba de distribuirlo en pequeños comercios.
El Segundo Comandante comentó que en realidad lo que se vendía era la pantalla de celular que en Panamá tiene un precio de 6 dólares y el chips o memoria de los aparatos.
La señora Valencia Castañeda compraba celulares que tenían denuncias de robos. Se informó que los colombianos lo que vendían de estos celulares era la pantalla y la memoria.
Madre, hijo y nuera involucrados se encuentran bajo órdenes de la Fiscalía de Colombia.
