La directora Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, Concepción Corro, cuestionó la actitud de los jueces que en el ejercicio de sus funciones se niegan a imponer penas conmutables u otras alternativas, lo cual incrementa el número de detenidos en las cárceles del país.
Afirmó que a pesar de que hay casos en los que por ley se permite que las penas de prisión sean conmutables por días-multa, los jueces insisten en imponer penas inconmutables, lo cual contribuye a incrementar el número de detenidos que hay en las penitenciarias.
Indicó que la situación es "muy grave", porque la última acción que debe aplicar en muchos casos es la detención, pero es lo primero que hacen muchos jueces en todo el territorio nacional.
Corro dijo que esta situación complica el problema del hacinamiento, pues se incrementa el número de personas que son enviadas a las cárceles.
Actualmente hay unos 11,466 detenidos en diferentes cárceles del país, centros que sólo tienen capacidad para albergar 7,348 personas.
Las cifras reflejan que 5,103 ciudadanos han sido condenados y otros 6,363 casos se encuentran en proceso.
La proporción de hombres detenidos, condenados y sumariados es relativamente alta en comparación con el número de mujeres detenidas.
En el país funcionan 45 centros donde permanecen recluidas las personas que han sido enjuiciadas o esperan que se resuelva su caso.
Un ejemplo de lo grave que es la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios es la provincia de Coclé, donde hay 427 detenidos y el centro sólo tiene capacidad para 196 personas.
Por una razón similar recientemente la Defensoría del Pueblo intercedió para que detenidos de la cárcel de La Chorrera fueran trasladados a otros centros de la capital.
No obstante, hasta el centro de detención que funciona en la comarca Kuna Yala tiene más personas de las que puede albergar, según cifras oficiales del Departamento de Estadística del Ministerio de Gobierno y Justicia.
El problema en las cárceles no es sólo por falta de espacio y servicios básicos para toda la población penal, sino porque se complica el proceso judicial al no haber funcionarios ni recursos suficientes para ofrecer una justicia expedita a cada ciudadano privado de libertad.
Durante su participación en un foro en la Asamblea Legislativa sobre el Sistema Penitenciario, la directora Nacional de Corrección dijo que hace algunos meses se reunió con el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona y representantes del Ministerio Público, para plantearles esa inquietud y ahora está pendiente una reunión con el nuevo presidente de este órgano del Estado, César Pereira Burgos.
Por otra parte, considera que los permisos laborales y para estudios que se otorgan a los detenidos, han resultado "un éxito", pues los reos se esfuerzan por mantener una conducta adecuada, para conservar esta prerrogativa. Corro dijo que incluso han tenido reos que se han llegado a graduar hasta de abogados, lo cual demuestra que hay un porcentaje de detenidos que está dispuesto a cambiar y buscar un mejor futuro.
La directora de Corrección expresó recientemente que para que el Sistema Penitenciario funcione de manera adecuada, se necesita un monto aproximado de B/.63 millones, cifra que está muy por debajo de lo que se le asigna.
