Washington.- Un segundo informe del gobierno de Estados Unidos sobre la política económica de Panamá reconoce que este país se ha destacado como un centro comercial, financiero y de servicios, pero expresa preocupación por "una actitud desconcertante" adoptada recientemente por la administración de la presidenta Mireya Moscoso hacia los inversionistas extranjeros.
Según la oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca, esta actitud se manifestó después de que Panamá firmara un acuerdo con la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), la agencia gubernamental que garantiza las inversiones de capital privado en el exterior, y que casi de inmediato aceleró el flujo de este tipo de inversión.
"Desde que se consolidó la relación con OPIC, el actual gobierno de Panamá adoptó una actitud desconcertante hacia los inversionistas extranjeros," señaló el informe emitido por la oficina del Representante Comercial con fecha de 31 de marzo y obtenido ayer por este periódico.
Recién ayer, Panamá fue objeto de una crítica similar en el informe económico que anualmente el Departamento de Estado publica sobre el estatus de las economías y que fue objeto de una acalorada denuncia por parte de la presidenta Moscoso.
Según el departamento, la direccion económica del gobierno panameño ha creado "una sensación de incertidumbre sobre las perspectivas comerciales de Panamá y ha reducido el flujo de nuevas inversiones".
"Parte de nuestra función es ofrecer a los inversionistas una evaluación de las economías de los otros países", respondió anoche un portavoz del departamento.
Si en la jornada anterior se podía esperar un lenguaje más diplomático del ministerio a cargo de las relaciones exteriores, los funcionarios de esa dependencia se esmeraron en explicar que el informe económico es requerido cada año por el Congreso y que éste está basado en informaciones que provienen directamente de cada país.
El informe del Representante Comercial, cuyo texto fue obtenido por El Panamá América del website del gobierno, al igual como el del Departamento de Estado, en este caso http://www.ustr.gov/htm/2001_panama.pdf no es menos negativo que el documento anterior del Departamento de Estado, aunque igualmente reconoce que ha habido avances, como, por ejemplo, en la conducta del gobierno panameño hacia la propiedad intelectual, que dice que "ha mejorado significativamente".
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos informaron a la Embajada de Panamá sobre la existencia de los informes el lunes, según se enteró este periódico.
El embajador en Washington, Guillermo Ford, dijo ayer que el informe le parecía poco objetivo, y que "esa no es la manera de ayudar a nuestros países a mejorar sus economías".
También sorprendió a los altos funcionarios del gobierno de Moscoso en Panamá las críticas que contiene el informe del Representante Comercial. Por la fecha es evidente que el documento fue escrito antes de que el nuevo Representante Comercial del presidente Bush, Robert Zoellick, se reuniera la pasada semana con Joaquín Jácome, el ministro de Comercio, con quien tuvo "positivos y productivos" intercambios, según un portavoz del Departamento de Estado.
Guillermo Ford estuvo particularmente indignado por la referencia a la OPIC, habiendo sido uno de los principales propulsores para que Panamá firmara el acuerdo. Tanto Ford, como su homólogo de Estados Unidos, Simón Ferro, consideraron que el acuerdo con la OPIC, concluido el pasado año, entre Ford y George Muñoz, el entonces presidente de OPIC, abría una nueva ventana para los inversionistas de Estados Unidos. Muñoz indicó que la OPIC podría garantizar unos 500 millones en nuevas inversiones.
La publicación de los dos informes con su alta dosis de críticas ilumina de alguna manera el ambiente progresivamente negativo que en privado demostraron algunos funcionarios estadounidenses en sus gestiones con el gobierno panameño, especialmente con la cancillería.
Al igual que en el primer informe, el documento del Representante Comercial enfila sus críticas al poder judicial panameño.
El sistema judicial señala que se "presenta un problema para los inversionistas debido a la pobre capacitación de su personal, una enorme acumulación de casos atrasados y su falta de independencia de influencia política". Asimismo, persiste la corrupción no sólo en el sistema judicial, sino también en el proceso de adquisiciones gubernamentales y a nivel municipal, en la obtención de permisos locales para la construcción y casos análogos.
"Esto representa un serio problema para los representantes de las compañías estadounidenses ya arraigadas en Panamá. Finalmente, la política ambigua del nuevo gobierno de Panamá sobre materia comercial ha creado profundas preocupaciones a los inversionistas. Repentinos cambios en las restricciones de productos, periodos de espera y regímenes de tarifa con poco aviso anticipado, representan un especial desaliento para los inversionistas."
En el caso de las adquisiciones gubernamentales el informe tiene opiniones mixtas: "Las adquisiciones del gobierno panameño se rigen por la Ley 56 manejada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La ley provee un proceso transparente de licitaciones para contratos gubernamentales, pero permite ciertas excepciones como adquisiciones para la defensa nacional. Una de esas excepciones fue invocada por el Gobierno de Panamá en la privatización del Puerto de Balboa en 1998
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