De acuerdo con una fuente de esa corporación de justicia, las audiencias deberán ser reprogramadas para una fecha próxima.
En ese sentido, algunos abogados expresaron su descontento por la medida adoptada por las autoridades del Organo Judicial.
El abogado Cristóbal Arboleda estimó que si bien la fecha era muy importante para el país, la justicia no debidó detenerse como no lo hicieron los centros encargados de la atención de salud.
Arboleda aseguró que esto sólo contribuye al aumento de la mora judicial y al hacinamiento en los centros penitenciarios.
Planteó que mantener el funcionamiento de la justicia debe ser una prioridad, debido a que los usuarios exigen respuestas.
Esta decisión fue duramente criticada por los gremios periodísticos, que realizaron marchas y protestas ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Diputados en donde se discutía los cambios al Código Penal, a raíz de lo cual se dieron algunos cambios.
Las acciones ejercidas contra los periodistas incluso originaron la intervención de la Relator por los Derechos Humanos.
También se produjeron reuniones entre directivos de los gremios periodísticos y altos funcionarios gubernamentales.
A la vez se realizaron jornadas de protesta en las calles para exigir la eliminación de la pena de prisión por delitos de calumnia e injuria.
También se pidió la intervención de organismos internacionales.
