A lgo anda mal en el millonario negocio de la venta de textos escolares en Panamá. Padres de familia, docentes y escritores locales hablan de un "negociado", que nadie se ha atrevido a denunciar ante las autoridades.
La corta vida útil de algunos textos, cambios "superficiales" entre cada edición y la obligatoriedad que imponen algunos planteles educativos sobre determinados libros, componen el alegato de los grupos inconformes.
Éstos denuncian reuniones secretas, cenas bailables, el pago de viajes para docentes y hasta donaciones particulares de las editoriales para que sus libros sean favorecidos.
Los autores panameños hablan de discriminación por parte de los docentes, debido a que su falta de recursos les impide competir con las grandes transnacionales.
Pero en el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor nadie ha interpuesto ni una sola queja formal.
El MEDUCA reconoce que el sistema de selección y venta de textos puede propiciar "actos no muy honestos", debido a la potestad que tienen los directores de escuelas de elegir finalmente los libros para su plantel.
Esto es alimentado por la posibilidad que tienen las casas editoriales de negociar directamente con los directores.
Hay fallas.
Isis Núñez, directora de Currículum y Tecnología Educativa, reconoció que a pesar de que esta dependencia selecciona cada año los libros que serán usados en el sistema educativo, al final depende de los directores el que las normas se cumplan "al pie de la letra".
Y a pesar de que está prohibido recibir "coimas" o algún tipo de pago por favorecer los textos de alguna casa editorial, Núnez no descarta que esto pueda ocurrir.
¿Por qué el MEDUCA da tanta libertad a los directores y no evita que esto pase?, preguntó el diario. Porque el Decreto 85 de 3 de abril de 1985 establece esta prerrogativa para los directores de escuelas, contestó Núñez.
Además, alega que el MEDUCA no tiene suficientes inspectores para supervisar a los 3 mil directores de 15 regiones educativas del país, incluyendo a las comarcas indígenas.
Cada año la Dirección de Currículum recibe unos 300 textos, novelas y obras complementarias que debe analizar para autorizar o rechazar su ingreso a la lista del MEDUCA.
Estos textos deben tener un 60% de acercamiento a los programas de estudio del MEDUCA y sus autores deben acoger todos los lineamientos que exige el Ministerio.
Las casas editoriales también pueden obviar a los intermediarios, es decir las librerías, y vender sus textos directamente en las escuelas. Lo único que deben hacer es pedir una autorización en la Dirección Regional respectiva y convencer a los directores.
Núnez dijo que situaciones "no muy honestas" se pueden presentar con mayor frecuencia en las escuelas de los lugares apartados.
Y a pesar de que el MEDUCA le recomienda a los directores que elijan los textos más baratos, en la práctica son escogidos, con frecuencia, los más costosos, admite.
"Todo dependerá de la buena fe de los directores", señaló con un tono de resignación.
"Que un texto tenga un bajo costo no significa que sea de mala calidad, hay libros baratos que son muy buenos", sentenció.
Se viola la ley.
En algunos planteles del país la Ley 29 de 20 de julio de 2006, que regula el uso de textos escolares en planteles públicos y privados parece letra muerta.
Si bien la Ley plantea en su Artículo 3 que los textos escolares tendrán una vigencia mínima de cinco años, el cumplimiento de la norma dependerá de lo que decidan los directores y docentes.
"Si les parece (a directores y docentes) que el libro que usó el año pasado ya no sirve, entonces pueden cambiarlo", planteó Núñez.
Cualquier padre de familia que considere que existe algo irregular en la decisión de un director puede denunciarlo por violación de la ley.
La funcionaria reconoció que en algunos planteles no se está cumpliendo la ley, por lo que el MEDUCA inició una serie de charlas de capacitación para informarles que no deben violar esta norma.
Manifestó que en los pasillos de los planteles se escuchan "muchas" quejas de los padres de familia sobre la obligatoriedad de comprar "libros desechables", pero nadie ha interpuesto una denuncia formal.
