Dos proyectos de ley mediante los cuales se pretende actualizar la legislación panameña en la lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y anexar algunos "delitos graves" a la lista de actos sancionados por el "blanqueo de activos" presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el viceministro de la Presidencia, Aníbal Salas.
El viceministro informó que aunque Panamá cuenta con una legislación moderna para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, se ha podido constatar que hay algunos "delitos graves" como el tráfico de armas, actos terroristas, tráfico de seres humanos, robo y contrabando de vehículos que también requieren del "blanqueo de capital".
Tal situación obliga a Panamá a establecer estrategias de represión de la delincuencia organizada transnacional por medio del afinamiento de la legislación para atrapar penalmente tales conductas que resultan lesivas.
Por medio del proyecto presentado, se actualiza la legislación existente y se retoman algunos compromisos adquiridos por el Estado panameño en foros internacionales, a fin de unirse a los esfuerzos que se realizan para combatir la delincuencia organizada internacional.
En el proyecto se establecen penas de cárcel que van desde los tres hasta los veinte años para las personas naturales o funcionarios que colaboren con este tipo de actividades ilícitas.
Para los efectos de esta norma se consideran objeto de investigación los fondos depositados en bancos, cooperativas, financieras, asociaciones de ahorro y préstamo o cualquier otra institución similar.
La misma propuesta dispone que las empresas fiduciarias, casas de cambio, financieras, compañías de seguro, empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, zonas procesadoras, casinos, la Lotería Nacional de Beneficencia, intermediarios de valores, cooperativas, así como otras instituciones que el Organo Ejecutivo añada están obligadas a mantener los cuidados conducentes a impedir que dichas operaciones se utilicen para el blanqueo de dinero.
Para impedir el uso de estas operaciones para el blanqueo de dinero, estas instituciones deben suministrar declaraciones de transacciones con dinero en efectivo o instrumentos monetarios, así como de los depósitos o retiros por superiores a los B/. 10 mil.
