Un acuerdo suscrito en agosto de 2008 entre la compañía de cruceros "Royal Caribbean Cruises Ltd" y el segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, en representación del Estado, ha causado polémica en la víspera de la terminación del período presidencial de Martín Torrijos.
La empresa exige el cumplimiento del acuerdo en el que el Estado se comprometía a otorgarle un “incentivo de tipo financiero” por cada pasajero mayor de 16 años que viaje a bordo de las naves que atraquen en puertos panameños, pagadero anualmente a lo largo de la duración del contrato.
Tras conocer el caso, el ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, comunicó a Caribbean que para que surta efectos legales el acuerdo, es “indispensable” que se cumpla con la Constitución y las leyes.
Algunas de las normativas que mencionó contempla que el acuerdo debe convertirse en un contrato administrativo, ser sometido a consideración de la Autoridad de Turismo de Panamá y ante el Consejo de Gabinete, para ser refrendado por la Contraloría.
Asimismo que el incentivo propuesto en el contrato, debe estar contemplado en el Presupuesto General del Estado.
Sin embargo, advirtió que el contrato podría sufrir cambios por el proceso de transición de Gobierno.
Panamá Américaintentó obtener la versión de Arosemena, pero no contestó las llamadas.
