El Colegio de Abogados de Panamá reiteró su rechazo al compromiso adquirido entre el Estado panameño y el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por carecer de reciprocidad, y no descartó interponer, de ser necesario, los recursos legales para frenar la medida.
Francisco Vega, miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados y adjunto para Asuntos Jurídicos, manifestó que ese gremio, reunido en asamblea, sustentó su rechazo al posible acuerdo, argumentando que Panamá no es típicamente un paraíso fiscal, además que el compromiso adquirido no contiene reciprocidad para un sistema territorial como el panameño.
"El país ha puesto en la mesa activos importantes generadores de fuentes de trabajo y de recursos privados y públicos, ya que de allí salen ingresos para las notarías, para el Registro Público, así como para el pago de impuestos nacionales", argumentó Vega.
Sostuvo que lo mínimo que debe hacer el Gobierno es cerciorarse que el compromiso con la OCDE contenga un estricto principio de reciprocidad para que todos los involucrados tengan el mismo tratamiento a nivel internacional.
Agregó que, en el campo del derecho, los abogados panameños merecen poder acudir con sus clientes e informarles que en el momento de las investigaciones ellos tendrán toda una gama de garantías procesales, como lo tiene toda persona en los países desarrollados.
No descartó que las acciones de presión que están ejerciendo muchos países que utilizan los mecanismos de la OCDE para aplicar sanciones a Panamá sean meramente por razones de celos competitivo y por los logros que en materia financiera "tiene un país pequeño como el nuestro".
"Estas son presiones de países poderosos y nosotros no desestimamos los esfuerzos que ha llevado el equipo panameño, pero lo que sí pensamos es que tanto el sector servicio, como el Colegio de Abogados conjuntamente con el Gobierno, debemos crear una mayor coordinación para defender los intereses de Panamá", sugirió el jurista.
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