La suspensión de la audiencia celebrada en el caso de la quiebra fraudulenta de la empresa Adelag, por el delito de estafa y falsificación de documento, fue declarada por la juez decimotercera de circuito penal, Waleska Hormechea.
El 2 de diciembre de este año es la nueva fecha que se estableció para el seguimiento del juicio, contra cinco imputados en este caso.
La decisión se adoptó debido a la solicitud de la defensa de los imputados Carlos y Aquilino De La Guardia, Melchor Rivera, Emanuel Calderón y Roxana de Guerra, quienes llegaron a un acuerdo con los acreedores el pasado 13 de junio.
Los imputados se comprometieron a que en 120 días se concretará el acuerdo para pagar las deudas que superan los B/ 23 millones.
Al Juzgado Decimoséptimo Civil le corresponderá analizar el convenio extrajudicial, al cual está condicionado el proceso penal. También el acuerdo deberá pasar por la Junta de Acreedores para una decisión.
Según lo establecido por los abogados de la defensa Alejandro Watson y Carlos Carrillo, como por el querellante Carlos Muñoz Pope, los acreedores de los Bancos General y Citibank desistieron de toda acción penal. El Curador, quien representa a los acreedores, presentó el desistimiento ante el Juzgado Decimotercero Penal.
"No tienen más reclamaciones", señaló el jurista Carlos Muñoz Pope.
La juez durante la audiencia no aceptó dos incidentes presentados por los abogados defensores, mediante los que se sustentaba la falta de legitimidad del querellante y la extinción de la acción penal del caso.
Hormechea prosiguió con la audiencia de fondo, pero los testigos que debían comparecer, no acudieron a la audiencia celebrada en el Tribunal Marítimo.
Los imputados presentes, Carlos De La Guardia, Melchor Rivera y Emanuel Calderón, se declararon inocentes de los cargos de estafa y falsificación de documentos. Aquilino De La Guardia y Roxana de Guerra no acudieron.
Carlos De La Guardia confirmó el arreglo con los acreedores, asegurando que en 60 días cumplirán con la deuda. El fiscal decimocuarto de circuito, William Parodi, dijo a la juez que no era necesaria la suspensión.