El Congreso de Perú formuló anoche acusación constitucional contra el destituido ex presidente Alberto Fujimori por homicidio, desaparición forzada de personas y lesiones graves, en relación a su presunta responsabilidad en dos matanzas atribuidas a paramilitares. El legislativo votó unánimemente a favor de la acusación con 75 votos, ninguno en blanco y ninguna abstensión, con lo cual Fujimori perdió la inmunidad de la que gozaba en su condición de ex presidente, y quedó virtualmente sujeto a la jurisdicción del poder judicial.
Sin embargo, el ex mandatario actualmente reside en Japón y se ampara en la nacionalidad japonesa que el gobierno nipón le concedió y que impide su eventual extradición a Perú. Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta fueron perpetradas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo paramilitar Colina, y representan dos de los más graves casos de violaciones a los derechos humanos en Perú.
En tanto, en Panamá la Corte Suprema de Justicia negó levantar el secreto bancario de las cuentas del exasesor de inteligencia peruano, Vladimiro Montesinos, que tiene depositados en un banco de la localidad, al tiempo que el juez peruano Peña Farfán anunció que remitirá un nuevo exhorto para conocer los depósitos hechos en Panamá por la venta de aviones Mig-29 y Sukhoi efectuada por Bielorrusia al Perú. Una fuente judicial confirmó que la Corte negó la petición de levantar el secreto de las cuentas abiertas por colaboradores de Montesinos, en las que se depositaron B/.41 millones provenientes de la compra y venta de los aviones.
De acuerdo con la fuente unas 30 personas manejaron cuentas de Montesinos aquí y por ello las autoridades peruanas solicitaron conocer las cuentas de Víctor Alberto Venero, Mosle Rothschild, Claus Carpancho Kleinicke y Enrique Benavides Morales, señalados como colaboradores de Montesinos.
En tanto, el diario La República de Perú señaló ayer que el juez Peña Farfán reiterará el exhorto para levantar el secreto sobre estas cuentas, debido a que con ella se cometieron actividades delictivas relacionadas con corrupción. Hasta ahora la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema ha negado tres cartas rogatorias remitidas por las autoridades peruanas para levantar e investigar las cuentas bancarias de Montesinos y sus colaboradores.
Por otro lado el abogado Genarino Rosas, abogado defensor de José Lissier Corbetto, acusado de haber ayudado a salir de Perú a Montesinos, aseguró que su cliente es inocente de estos cargos, debido a que la orden de arresto contra el exjefe de seguridad peruano se dio mucho después de que éste abandonó territorio peruano y que ello no constituye delito. A la vez sostuvo que el término de 60 días para resolver el recurso de extradición solicitado por Perú, ya culminó y por ello su cliente debe ser puesto en libertad.
