El gobierno del presidente Ricardo Martinelli volvió a ser objeto de duras críticas por parte de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, que manifestaron su rechazo al supuesto “retorno voluntario” a España de los periodistas Francisco “Paco” Gómez Nadal y Pilar Chato.
Las reacciones surgen luego de que Gómez y Chato emitieran un comunicado denunciando que su salida de Panamá no fue voluntaria y que en el proceso fueron víctimas de “ilegalidades” y “arbitrariedades” por parte de las autoridades panameñas de migración.
En el documento, de 12 puntos, Gómez señala que fueron obligados a firmar un manuscrito en el que se afirmaba que el Servicio Nacional de Migración había escuchado su defensa y respetado sus derechos humanos, cuando esto no se había producido.
Según los periodistas, funcionarios de migración y de la Dirección de Investigación Judicial les decían en todo momento que no tenían expedientes abiertos en su contra.
Ante estas afirmaciones, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró "un ataque a la libertad de expresión" la detención y expulsión de los comunicadores españoles, arrestados el pasado sábado durante una manifestación indígena.
Para RSF la expulsión es "una medida motivada políticamente", porque los dos reporteros "importunaban los intereses del Gobierno panameño, debido a su postura editorial a favor de la causa indígena".
Ambos periodistas aseguran que apelarán ante la justicia panameña e instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En tanto, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, señaló que Gómez estaba ilegalmente en Panamá y que recibía renta, sin pagar impuestos ni seguro social.
Mulino agregó que a Gómez se le vencieron todas las sustentaciones legales para permanecer en el país.
“Se le dieron 30 días para regular su estatus migratorio, sin embargo, nunca lo hizo”, puntualizó Mulino.
