El secretario general de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), el padre Conrado Sanjur denunció ayer que la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, está "violando" los derechos de los discapacitados, tras ordenar la destitución del panameño Roberto Ortega.
Sanjur explicó que Ortega, de 38 años de edad, perdió un ojo en los incidentes violentos sucedidos durante las elecciones de 1984 entre civilistas y las Fuerzas de Defensa.
Ortega recibió perdigonazos en todo el cuerpo, algunos de los cuales le ocasionaron la pérdida del ojo izquierdo, en los tiempos de la dictadura militar y luego, por recomendación del Partido Arnulfista inició labores el 1 de noviembre de 1991.
Sin embargo, de acuerdo con Sanjur, laborando en el Departamento de Compras, Ortega fue despedido el 2 de enero de este año y aunque presenta un recurso de reconsideración su reintegro es rechazado, ya que la ministra Rosas señala que el cargo que ocupaba el señor Ortega era de libre nombramiento y remoción.
A juicio de Sanjur, la ministra de Educación viola la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, en lo relativo a la inserción laboral.
Indicó que es responsabilidad del Estado, a través del Ministerio de la Familia, garantizar las condiciones que permitan a las personas con discapacidad el acceso y la plena inserción a la sociedad y de garantizar el pleno goce de los derechos a las personas con discapacidad; entre ellos el derecho al trabajo.
De igual forma, según Sanjur, la ministra Rosas viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se señala que toda persona tiene derecho al trabajo y transgrede la Declaración de los Derechos de los Impedidos y que establece que tienen derecho a la seguridad económica y social, a un nivel de vida decoroso, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa. Sanjur, anunció que COPODEHUPA estará haciendo llegar esta denuncia contra la ministra de Educación y contra el Gobierno panameño, a instancias internacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.
