Administración de recursos del Estado es mala

Panamá es el cuarto país de América Latina con mayor gasto en inversión social, pero debido a la mala administración de los recursos del Estado por parte de las entidades públicas, figura con resultados ineficientes sin que los dineros destinados lleguen hasta la población más vulnerable.
Un informe de la Procuraduría de la Administración muestra que los indicadores de gobernabilidad y transparencia, ostenta entre los puestos más altos de inversión, pero aun cuando en los últimos años la percepción de control de la corrupción ha disminuido, el panorama social y económico genera un gran desafío para las políticas públicas.
El diagnóstico de la Procuraduría demuestra que el funcionamiento del sector público no es eficiente y no logra los estándares de eficacia y calidad que el país requiere para su desarrollo.
"Lo anterior no significa desconocer los avances en la gestión de algunos ministerios, entidades y su fortalecimiento, sino que el conjunto del diseño institucional está afectado por la ausencia de políticas públicas integradoras que se orienten a la modernización de la administración y gestión pública", se señala en el informe.
Revela que el gasto público sobre el Producto Interno Bruto (PIB), Panamá se mantiene dentro de los promedios de América Latina aproximadamente con un 24% en los últimos cuatro años; pero aclara que se observa una tendencia creciente del gasto corriente, en desmedro de los niveles de gasto de capital.
De acuerdo con los datos, el gasto público social es suficiente y es uno de los más altos de los países de América Latina, sin embargo, la población continúa con altos niveles de pobreza y desigualdad.
De esta manera consideran como un gran desafío identificar cuáles temas requieren ser posesionados públicamente, justificar su presencia en el marco de una agenda política de gobierno y consideran los complejos temas de su implantación.
Las principales estrategias para notar un cambio en la administración pública, es definir y coordinar competencias de los entes rectores, evitar una institucionalidad de enclave a través de Unidades Ejecutoras, y desarrollar un Programa de Modernización de la Administración Pública. Para el estudio la Procuraduría tomó como referencia las instituciones del Organo Ejecutivo, específicamente el Gobierno Central.