Las quejas por despidos de funcionarios dentro de la Carrera Administrativa y de empleados del gobierno a quienes se les viola el derecho a vacaciones, son las principales irregularidades que ha analizado la Procuraduría de la Administración durante el último año.
Aunque la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, afirmó que la cantidad de denuncias ante la entidad es mínima, pues los funcionarios después de haber sido destituidos o sacados del sistema, temen demandar al Estado.
"Es necesario que las autoridades sean conscientes de ese derecho del trabajador que es adquirido después de haber cumplido con 11 meses de trabajo, el sector privado lo cumple en la mayoría de los casos y es necesario que en el sector público se haga también".
Montenegro de Fletcher hizo referencia a una disposición de la Contraloría General donde el funcionario al concluir su relación con el Estado, por despido, jubilación o renuncia, no se le debe sacar del sistema hasta que no tome el tiempo que le corresponde de vacaciones, norma que es incumplida.
La procuradora advirtió que aunque el funcionario no se atreva a denunciar a la administración pública, existen leyes que se refieren a la responsabilidad civil que sancionan la vulneración de la referida disposición.
"Muy pocas demandas contra el Estado prosperan cuando ha habido violaciones y muchas de ellas tienen dificultades, nos consta y ya es hora que la administración pública responda a la sociedad cuando vulnera sus derechos", sostuvo la funcionaria.
Además, señaló que esa responsabilidad civil debe ser reconocida por el Estado a través de indemnizaciones pagando salarios caídos, incluso el funcionario que destituye injustificadamente a otro debe responder por ello, pues el Estado asume el costo, pero no así el superior que, de forma arbitraria, no responde por sus acciones.
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