El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Ricardo Anguizola, negó ayer que sea socio del ex ministro de Comercio, Raúl Hernández, en el proyecto turístico de Playa Blanca, acusado de cobrar una "coima" a la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), y pidió a los legisladores modificar la Ley de la Defensoría del Pueblo para que las personas no se amparen en este organismo para "calumniar e injuriar" a otros.
Anguizola afirmó que no ha realizado ningún estudio de impacto ambiental ni ha paralizado los que científicamente hacen otras empresas, y prueba de ello, es que hasta la fecha la institución ha aprobado 740 estudios de impacto ambiental y rechazado sólo doce.
Agregó que a la ANAM han ingresado unos 586 estudios, de los cuales 108 han sido devueltos por deficiencias técnicas.
"Es falso de toda falsedad que Ricardo Anguizola sea socio de Playa Blanca y es falso que tenga interés en recibir coimas de ninguna empresa ni he utilizado fondos de la institución para un partido político", aclaró Anguizola.
Puntualizó que en nombre de la decencia del país las personas que hagan acusaciones "tendenciosas o calumniosas" deben pagar ante la justicia por esos ataques irresponsables.
Advirtió que es necesario que los legisladores de la República reformen la Ley del Defensor del Pueblo por la decencia del país, porque no puede ser que las querellas presentadas sean utilizadas de manera indiscriminada por personas inescrupulosas para "calumniar e injuriar".
"Las personas pueden presentar su denuncia, pero con las pruebas pertinentes y permitirle a las otras personas que se defiendan ante los tribunales de justicia", planteó Anguizola.
El defensor del Pueblo de Panamá, Italo Antinori, mediante una resolución, declaró como "funcionario hostil y entorpecedor" al administrador de la ANAM en virtud de la negativa a colaborar y negarse a enviar un informe sobre las denuncias presentadas por el Comité Contra la Corrupción Gubernamental.
Este comité acusó a Anguizola de continuar realizando estudios de impacto ambiental y paralizar los que hacen otras empresas; de ser socio de Raúl Hernández en el proyecto de Playa Blanca; de utilizar fondos de la institución para fines políticos del Partido Liberal, y de tener un "interés desmedido por recibir una gran coima" de la empresa ICA.
Según Anguizola, la Ley de la Defensoría del Pueblo no le permite presentar una demanda contra el defensor del Pueblo ni contra ninguno de los denunciantes, y retó a los demandantes a acusarlo ante los tribunales o ante un medio de comunicación.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Italo Antinori, aclaró que esta institución se limitó a emitir una resolución donde califica como funcionario "hostil o entorpecedor" a Anguizola y no ha hecho una condena sobre la denuncia.
Explicó que Anguizola jamás le envió la información solicitada y por ello, emitió la resolución emitida el pasado 17 de octubre del 2000.
A juicio de Antinori, la Ley de la Defensoría del Pueblo no debe ser modificada porque el artículo No.21 tiene como objetivo que las personas acudan a la institución a presentar demandas sin el temor a recibir presiones en los tribunales de justicia, de lo contrario nadie lo haría.
"Es un deber de los servidores públicos dar todas las explicaciones necesarias para que no existan dudas de su administración", reiteró Antinori.
Sostuvo que Anguizola debió explicar y remitir la información a la Defensoría o aclarar la denuncia al país.
