Ante el incremento de las contrataciones menores apremiantes en las entidades del Estado, la Dirección de Contrataciones Públicas advirtió que no se realizarán más estas tramitaciones, si no llevan la firma del representante legal de la institución y una justificación de la "urgencia" de la compra.
El director de Contrataciones Públicas, Eldis Sánchez, dijo que remitió una circular con el propósito de hacer "un recorderis” a las entidades para evitar que siga incrementándose este tipo de compras.
Además, pidió a los ministros y jefes de direcciones de entidades que "justifiquen las razones" de estas contrataciones.
Sánchez manifestó que actualmente no existe una ley que obligue a los representantes legales de las instituciones a firmar las contrataciones menores, ya que se manejan a responsabilidad de los jefes de compras de las diversas entidades.
Regulación.
Las compras apremiantes son aquellas cuya cuantía van entre los mil y los 30 mil balboas, según establece el decreto que reglamenta el procedimiento para estas contrataciones desde el 2007.
El decreto especifica que se entenderá por contrataciones menores apremiantes aquellas que surjan de una "urgencia evidente producto de un caso fortuito o fuerza mayor, o a raíz de una situación imprevista, impostergable” que imposibilite hacer una planificación previa del procedimiento de selección de contratista.
"Hemos observado que algunas compras no ameritan ser apremiantes y se rechazan para que cumplan con los días establecidos para las compras menores", expresó.
Proceso.
Las contrataciones apremiantes solo duran un máximo de cuatro horas en el portal de PanamaCompra, mientras que las contrataciones menores duran dos días hábiles en el sitio Web.
Los registros de PanamaCompra revelan que este Gobierno realizó hasta el día de ayer, 59 mil 190 contrataciones menores.
Sánchez indicó que este trámite representa el 85% de las compras que hacen las instituciones.
Irregularidades.
El funcionario reveló que se han detectado sobrecostos en algunos productos que adquiere el Gobierno, a través de los convenios marcos con proveedores.
“Se estaban ofertando los productos a precios fuera de mercado, por eso le dimos de baja”, indicó Sánchez.
Manifestó que las instituciones deben informar de estas anomalías para imposibilitar a estos proveedores.
“Como se compra al contado los precios a veces son mayores y eso lo queremos evitar”, resaltó.
Adelantó que dentro de 3 meses, aproximadamente, firmarán un convenio con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia para verificar los precios de los bienes o servicios que adquiere el Gobierno.
