La reestructuración y modernización del Aeropuerto Internacional de Tocumen requiere una inversión que supera los B/.58 millones, y cuando se aplique la misma no se descartan despidos de funcionarios, señaló el viceministro de Finanzas, Publio Cortés.
De acuerdo con Cortés, no se puede desde ahora condicionar a la nueva empresa que administrará el terminal aéreo a funcionar con determinado número de empleados.
No obstante, precisó que este proceso de reestructuración se manejará con la mayor comunicación con el sector laboral que está mezclado en esto. "Lo que se quiere es que se haga de la forma más flexible respetando sus derechos y se le reconocerá lo que establezca la ley", adelantó.
Informó que en el aeropuerto laboran cerca de 1,500 funcionarios y lo primero que se debe hacer para iniciar el proceso de reestructuración es aprobar la ley que será presentada a consideración de la Asamblea Legislativa.
"Actualmente se está realizando una inversión de un millón de dólares que es solamente para cuestiones inmediatas y urgentes, pero con esto no se resuelve el problema del aeropuerto", sentenció.
Planteó que hay que cambiar el modelo de administración para proyectarlo como una entidad competitiva dentro del área y que tenga un mayor desarrollo dentro del área.
Explicó que a través del proyecto de ley que será presentado a la Asamblea, se permitirá la creación de sociedades anónimas que administren el aeropuerto lo que permitirá mayor inversión y ganancias.
"Si usted invierte y logra mayor desarrollo comercial en el aeropuerto las mismas serían utilizadas y producirían mayor ganancias en el terminal", argumentó.
Sin embargo, el viceministro Cortés, aclaró que el aeropuerto no será privatizado sino que se creará una empresa con capital estatal que a nadie será vendido.
Reconoció que hay empresas interesadas en invertir en el aeropuerto y la función del Estado, a través de esta empresa, es crear las condiciones para que vengan a invertir.
Según la ley, cuando esta sea aprobada por la Asamblea el Organo Ejecutivo tendrá 120 días para aprobar los estatutos y constituir la sociedad anónima, y seis meses para que se aplique la reestructuración.
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