Advierten sobre sanciones contra Estado panameño

El Estado panameño podría ser objeto de severas sanciones económicas, incluyendo la congelación de fondos depositados en el extranjero por el Banco Nacional de Panamá, por no cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre despido injustificado de servidores públicos en 1990.
Miguel Angel Pérez, asesor del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA), indicó que el Estado ha cumplido sólo un 25% de lo que estipuló el tribunal, con sede en San José, Costa Rica.
En 1990 los trabajadores fueron despedidos por supuestamente apoyar una intentona golpista durante el gobierno de Guillermo Endara, pero esa decisión fue apelada y llevada hasta el máximo tribunal regional en materia de Derechos Humanos.
Gómez afirmó que los trabajadores despedidos tienen hasta el 13 de octubre para presentar sus descargos y someterlos al pleno de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dijo que los descargos tienen relación con el incumplimiento del actual Gobierno de sus obligaciones luego del fallo de la Corte, por lo que la OEA puede aplicar sanciones que incluyen además suspensión de desembolsos de organismos internacionales.
Según el asesor sindical, no se descarta que luego de un pronunciamiento favorable de la OEA haya acciones solidarias de trabajadores que impidan a naves con bandera panameña desembarcar en sus puertos.
Sostuvo que el congelamiento de fondos del estatal Banco Nacional tendrían como objetivo descontar lo que el Estado le adeuda a los trabajadores en concepto de indemnización por el despido injustificado.
Actualmente unos 270 ex trabajadores de los sectores eléctrico y de la telecomunicación se incluyen en esta batalla legal, aunque fue despedido un número mayor, el que se abstuvo de reclamar.
La indemnización es 60 millones de dólares, de los que el actual Gobierno sólo ha pagado unos 11 millones en concepto de salarios caídos y reparación por violación de derechos, reveló Gómez.
Ayer un despacho noticioso de la agencia AP fechado en Costa Rica, indicaba que representantes de diversos organismos defensores de los derechos humanos expresaron su preocupación por el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana por parte de gobiernos latinoamericanos.
Pedro Nikken, ex presidente de ese tribunal, dijo a la AP que los Estados alegan carencias de todo tipo en sus sistemas legales para incumplir las resoluciones dictadas en su contra.
Nikken consideró alarmante observar que los Estados utilicen pretextos para no acatar las decisiones de los jueces interamericanos. Por ejemplo, existen casos de países que para no cancelar una indemnización simplemente señalaron que "el monto no estaba presupuestado"", manifestó el experto.
"Están transmitiendo un mensaje equívoco al pensar que la violación a los derechos humanos se castiga con dinero. Esto es inaceptable desde el punto de vista humano y ético"", expresó Nikken.
Consultado sobre el tema, el viceministro panameño de Finanzas, Publio Cortés, manifestó que no ofrecería ninguna opinión hasta tanto tenga una información oficial de la Corte regional.
También se consultó al viceministro de Economía, Domingo Latorraca, quien manifestó extrañeza por las posibles sanciones contra Panamá porque el Gobierno Nacional "ha pagado en función de sus leyes".
Latorraca dijo no creer mucho en ese tipo de advertencias porque los sindicalistas acostumbran a visitar la Corte en Costa Rica y divulgan "cualquier tipo de comunicados".
Ninguno de los dos funcionarios pudieron determinar con exactitud la cantidad de dinero que Panamá ha pagado en virtud de la sanción impuesta por la Corte Interamericana.