El anuncio del Gobierno de promover a la ex magistrada Esmeralda de Troitiño para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cayó como una sorpresa desagradable para los familiares de las víctimas y afectados por la intoxicación masiva por dietilenglicol.
Esta mañana, dos de los miembros del Comité de Familiares de las Víctimas por el derecho a la salud y a la vida rechazaron la propuesta del gobierno por considerar que de Troitiño no tiene solvencia moral para ser miembro de la CIDH, y explicaron que como magistrada de la sala penal desaprobó un proyecto para que se continuara la investigación por envenenamiento con dietilenglicol que ocurrió en 2006.
"Es una gran incomodidad y preocupación porque al parecer a las autoridades nuevas se les ha olvidado qué representó Esmeralda de Troitiño en el caso de dietilenglicol", expresó Gabriel Pascual, presidente del Comité. Añadió "Tuvimos que protestar por 13 meses para que esa señora soltara el expediente y lo enviara de vuelta al Ministerio Público" dijo y recordó que el expediente logró salir de la Corte hacia el Ministerio Público por el impulso que dio el magistrado Anibal Salas, sin embargo aquella propuesta no fue avalada por de Troitiño.
A su vez, Mitzila Ciniglio miembro fundadora del Comité de familiares afectados recordó que durante las protestas de 2008, la ex magistrada inclusó discutió con una de las personas envenenadas Y destacó que una vez se logró retomar el expediente, al menos mil personas más pudieron denunciar que también tenían síntomas de la intoxicación. Ciniglio dijo que le llama la atención como el gobierno nomina ante la CIDH a una persona que no respetó los derechos humanos del país al que va a representar.
El Comité estima que unas 700 personas aun esperan por la evaluación del equipo forense. A través de estas evaluaciones los pacientes tendrían acceso a una pensión mensual vitalicia por 600 dólares, pero los dirigentes advierten que algunos han muerto esperando por la justicia.
