Mientras los representantes del Ejecutivo concluyen las bases de un nuevo contrato con Mi Bus, en la Fundación para la Protección del Usuario afinan las estrategias que utilizarán para que la empresa no se retire del país sin antes hacerle frente a los daños y perjuicios ocasionados a aquellos usuarios del transporte que resultaron afectados por colisiones.
Víctor Martínez, abogado de la fundación, es del concepto que el Estado, antes de asegurarle una indemnización a la empresa extranjera, debe hacerlo con los usuarios, sobre todo aquellos que han quedado con alguna discapacidad.
