Los afectados por las inundaciones de los corregimientos de Cañita y El Llano protestaron ayer frente a las oficinas de AES Panamá.
Alfredo Delgado, vocero de los afectados, manifestó que fueron recibidos por los abogados y parte de la administración de AES, encabezada por su secretario ejecutivo, Humberto González.
“No hemos salido muy bien de aquí, realmente ellos están en un punto en el que no se pueden defender, pero tampoco dicen que nos pueden indemnizar a nosotros”, expresó Delgado.
Según el vocero de los afectados, en la reunión se habló de la seguridad de los residentes, tema en el que concordaron con los representantes de AES; pero en cuanto al tema de la legislación, no llegaron a un acuerdo.
Posteriormente, se dirigieron en una marcha hasta la Presidencia de la República, en donde fueron recibidos por representantes del Gobierno durante una hora.
Investigaciones.
La Fiscalía Auxiliar continúa realizando diligencias para determinar responsabilidades por las inundaciones que ocurrieron en diciembre pasado, en las comunidades de Chepo.
Ayer, dos funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil declararon en calidad de testigos.
Una fuente judicial aseguró que la Fiscalía enviará una certificación jurada al director del Sinaproc, Arturo Alvarado, para que explique cuál fue el plan de acción utilizado durante la tragedia.
Se conoció, además, que el lunes, dos ex empleados del Centro Nacional de Despacho también fueron citados para declarar como testigos por este caso.
En cuanto a los directivos de la empresa AES Panamá, todos se acogieron al Artículo 25 de la Constitución Política, que establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo.
Peritaje.
En un informe pericial elaborado por expertos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales se concluyó que las compuertas de la represa Bayano no fueron abiertas en el plazo que establece el protocolo de vertimiento, que detalla que se debió hacer cuando el nivel del embalse alcanzó los 62 metros sobre el nivel del mar.
