De las 270 víctimas de la Ley 25 de 1990, 172 firmaron el fin de semana el finiquito de sus reclamos laborales por B/ 21.9 millones, lo cual evitará cualquier solicitud futura.
Con esto se pone fin al proceso interpuesto por los trabajadores ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El primer pago será de B/ 6.9 millones correspondientes al 2008 y tres pagos sucesivos entre 2009, 2010 y 2011 de B/ 5 millones, cada uno.
Así lo dio a conocer ayer, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Edwin Salamín.
Para hacer efectivo el pago era necesario contar con las dos terceras partes de las firmas para someter dichos finiquitos a la homologación de los magistrados que componen la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se reunirán la próxima semana en Uruguay.
El ministro Salamín destacó que "logrado ese objetivo, procederán a solicitan un crédito extraordinario, para efectuar el pago a la brevedad posible".
Por su parte, Rolando Miller, ex secretario general del Sindicato del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (SINTEL), hizo un llamado a sus compañeros que se resisten a firmar, "que piensen en sus familias, porque la propuesta del presidente Martín Torrijos fue equitativa".
