El Gobierno de España ha pedido ayuda a la Comisión Europea y trata de mediar nuevamente en el conflicto que mantiene el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el fin de evitar daños en el prestigio de las empresas europeas que participan en la construcción del tercer juego de esclusas.
La Comisión Europea ahora habla de buscar una alternativa para reflotar financieramente a las empresas que integran GUPC y evitar una paralización de los trabajos en la ampliación del Canal de Panamá.
En medio de las gestiones han revivido las diferencias a lo interno del consorcio, e incluso Sacyr ya contempla la posibilidad de continuar el proyecto sin los italianos.
El consorcio GUPC está liderado por la empresa española Sacyr y la italiana Impregilo, cada una con el 48% de las acciones, además de la belga Jan de Nul (3%) y la panameña Cusa (1%).
Sin embargo, la ACP mantiene su posición de no negociar fuera del contrato y hasta rechazó la mediación de terceros en este conflicto como la Comisión Europea, ya que sostiene que en el contrato están los métodos necesarios para dirimir diferencias.
Ayer, la ministra de Fomento español, Ana Pastor, le transmitió al presidente de Sacyr, Manuel Manrique, un mensaje del Ejecutivo solicitándole que actúe con responsabilidad.
“Sacyr debe actuar con responsabilidad. Panamá es un país estratégico para nosotros con muchos proyectos importantes y también preocupa en el Gobierno el perjuicio de imagen que podría transmitir en otros países vecinos en los que las empresas españolas se juegan contratos importantes”. El diario El Mundo informó que Manrique habría contestado al Ejecutivo español diciéndole que estaría dispuesto a agotar todas las negociaciones pertinentes, antes de paralizar la obra.
El administrador del Canal, Jorge Quijano, ha señalado que él no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del consorcio sobre ninguna determinación.
A pesar de que la ACP ya ha manifestado que no es viable una mediación de la Comisión Europea, el organismo insistió ayer en tratar de buscar una alternativa financiera para reflotar a GUPC.
“Lo que la Comisión Europea está planteando es buscar una fórmula, una solución financiera para que las empresas resuelvan el problema de liquidez inmediato en el que están inmersas, y la obra pueda continuar al ritmo previsto”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a la agencia EFE.
García-Margallo destacó que “no se trata de hablar de una mediación como un método de solución del conflicto”, y especificó que “nadie ha hablado en ningún momento” de esa posibilidad en las conversaciones que el Gobierno español ha mantenido sobre el asunto con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, y el vicepresidente y titular de Industria, Antonio Tajani.
García-Margallo también se reunió con la ministra italiana Emma Bonino para abordar “las posibles iniciativas comunes” para la solución del conflicto surgido en torno a la ampliación de las obras del Canal, según publicó EFE.
GUPC le reclama a la ACP la suma de 1,600 millones de dólares en sobrecostos, mientras que la entidad sostiene que deben reclamarlos a través del contrato.
En medio del conflicto también han aflorado diferencias a lo interno del consorcio GUPC, ya que el líder de Sacyr ha pedido el apoyo de la empresa Jan de Nul con la finalidad de poder hacer frente a la obra en caso de que tenga que salir del consorcio la italiana Impregilo si persiste en su actitud de presionar a la ACP, de acuerdo con una publicación del diario El Mundo.
La semana pasada, la ACP sostuvo una reunión con solo tres de los cuatro miembros del consorcio, (Sacyr, Jan de Nul, Cusa), en la que no hubo representación de la empresa italiana Impregilo.
Quijano afirmó que “no es un problema de negociación, sino que el contratista debe continuar la obra y presentar los reclamos en las instancias indicadas en el contrato”, señaló el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano.
El administrador del Canal también dijo el domingo que GUPC ya está violando el contrato, ya que ha reducido el ritmo de construcción del tercer juego de esclusas en un 70%. Se calcula que 2,600 personas han sido despedidas de los trabajos de ampliación.
