El jefe del Servicio de Protección Institucional, Luis Varcacía, rechazó ayer que el Decreto-Ley No.2 que regula el funcionamiento de ese organismo de seguridad busque restarle poderes a los próximos gobernantes y particularmente a la presidenta electa Mireya Moscoso.
Varcacía salió al paso a las críticas del cuerpo de abogados del Partido Arnulfista, que amenazó con interponer una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta medida, por considerar que limita las operaciones del nuevo jefe del SPI, Alejandro Garuz.
Destacó que el Decreto-Ley No.2 fue ampliamente discutido y que fue producto del consenso de la Comisión de Transición, en la que participó Garuz.
"Este documento ha sufrido una amplia discusión entre muchas personas conocedoras de la materia tanto del gobierno, la empresa privada como de la oposición, antes de presentarlo al Ejecutivo", subrayó a
Contenido patrocinado
Últimas noticias
