El Consejo de Gabinete acordó ayer la designación del ex ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de José Manuel Faúndes, para el periodo que inicia el 1 de enero del 2003, mientras que algunos juristas plantearon la necesidad de efectuar cambios al sistema judicial, porque "ya está agonizando".
A su vez, se nombró a Gabriel Fernández Madrid como magistrado suplente de Salas para el mismo periodo. Un comunicado de la Presidencia de la República informó que ambos nombramientos serán remitidos a la Asamblea Legislativa para su ratificación. Ayer circuló también el nombre de Jaime Jácome como posible nuevo viceministro de la Presidencia.
Salas se desempeñó como ministro de Gobierno desde el pasado 1 noviembre cuando Winston Spadafora, presentó su renuncia también para ocupar una magistratura. Por su parte, el ex magistrado Edgardo Molino Mola denunció que los magistrados salen de las filas del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, mientras que la gente que hace carrera en el Organo Judicial sigue esperando.
Precisó que hay tantos abogados independientes que merecen esta designación, no obstante, para lograrlo hace tiempo debió cambiarse el sistema de nombramiento de magistrados.
De acuerdo con Molino Mola, se requiere una nueva Constitución Nacional, porque hay tantos cambios que se necesitan, especialmente en la forma de escoger a los magistrados.
"Estos nombramientos le restan credibilidad al Organo Judicial, porque se trata de un hombre que sale directamente del Gabinete para ir a la Corte donde tendrá funciones constitucionales, y no sólo penales", argumentó.
Afirmó que estos magistrados tendrán que atender asuntos políticos y allí es donde la gente desconfía de sus actuaciones.
Señaló que la presidenta Moscoso podrá seguir haciendo estas designaciones, porque la Constitución se lo permite, aunque a mucha gente no le guste que sea el segundo ministro de Gobierno que nombra.
"Pareciera que si tuviese que nombrar otro, sabríamos que sería Arnulfo Escalona, pero afortunadamente con éste (Salas) terminó", agregó. Sustentó que no le discute los méritos a Salas, pero lo más conveniente sería abrir un concurso, confrontarlo con muchos aspirantes y que se seleccione al mejor.
"Esto aumenta la duda sobre la credibilidad del Organo Judicial, pero el problema es que se designan a personas muy cercanas al Ejecutivo posponiendo a tantas figuras de carrera", planteó. Al respecto el catedrático y constitucionalista, Simeón González, manifestó que no le preocupa la persona designada, sino que el sistema "ya ha hecho crisis, porque ha colapsado".
Sostuvo que no es sólo el problema de la Corte, sino de todo el organismo de justicia, por lo que se requiere de una reforma constitucional que revise y remueva totalmente la judicatura, desde el primer magistrado de la Corte hasta el último juez de circuito. "Ya esto es intolerable y la justicia está haciendo crisis, y si ya la gente no cree en la justicia en un país, entonces ya no cree en nadie", recalcó.
Sentenció que en el país hay ambiciones personales de muchas personas y cuotas de poder que se van cumpliendo, lo que ha hecho que el sistema esté agonizando. En tanto, Salas dijo anoche a El Panamá América que como panameño no puede rehuir la oportunidad de servir a su Patria, ya sea como ministro, viceministro, o como magistrado de la Corte. Anticipándose a las críticas, por su grado de compromiso al ocupar altos cargos de gobierno, apuntó: "Mis créditos profesionales, mi carrera de abogado y mi foja de servicio público, hablarán por sí solos".
Al ser abordado con respecto a quienes lo atacan por la firma del "acuerdo Salas-Becker", declaró que "desde febrero para acá, el convenio ha funcionado muy satisfactoriamente; y es un instrumento de cooperación extraordinariamente útil para combatir el tráfico de drogas, armas y otros ilícitos".
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez, apuntó que se deben designar como magistrados a las personas más idóneas, capacitadas y conocedoras de los temas que se le asignan en la máxima corporación de justicia.
Detalló que no es suficiente que se cumplan las disposiciones constitucionales para ser magistrado, sino que se requiere desprendimiento y voluntad de quiénes tienen en sus manos el nombramiento y la ratificación. Apuntó que el mejor ejemplo en una designación de esta naturaleza lo constituye el magistrado Adán Arnulfo Arjona, abogado litigante, estudioso del derecho y que no emergió de las filas partidistas.
Recordó que el sistema judicial debe descansar en la independencia e imparcialidad de criterio al momento de emitir sus juicios de valor, y eso sólo se garantiza en la medida que no haya intromisión de la política en la administración de justicia.
Vásquez indicó que los funcionarios judiciales deben emerger de condiciones académicas, independencia, altas condiciones éticas, profesionalismo y aporte al derecho en su actuar. De igual forma, Arnulfo Escalona Avila, quien se desempeñaba como viceministro de la Presidencia pasó a ser el premier. Escalona, en sus primeras declaraciones como nuevo ministro de Gobierno y Justicia hizo un llamado a la sociedad en general para combatir la delincuencia que tanto está afectando el país.
Pidió especial apoyo a los medios de comunicación y otros sectores para desarrollar estrategias tendientes a disminuir la escalada de violencia. Asimismo, Pacífico Escalona, presentó ante la presidenta de la República, Mireya Moscoso, su renuncia al cargo de gobernador de la provincia de Herrera.
En su nota el ex gobernador señala que los motivos de su decisión "guardan relación con la reciente designación de mi hermano Arnulfo Escalona, como ministro de Gobierno y Justicia", aunque aclaró "que no existe impedimento legal alguno, considera lo más adecuado para el mejor ejercicio de su cargo". En reemplazo de Escalona se designó como nueva gobernadora de Herrera a Yeni de Cedeño y como vicegobernador a José María Rodríguez.
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